Prensa
PROVEA
La masacre de El Junquito no es un hecho
aislado. Es la consecuencia directa de la institucionalización del uso excesivo
de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la actuación
policial y militar en labores de seguridad ciudadana, y es un claro mensaje -en
medio de la asunción del terrorismo de estado para aplacar el descontento
social-, a quienes expresen su rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. El
gobierno ha abandonado todo vestigio de pudor y ante la mirada nacional e
internacional asesina y viola derechos humanos, de sus opositores políticos y
de la población en general.
Entre los años 2003 y 2018, Provea
contabiliza al menos 10 masacres cometidas por agentes de la fuerza pública, en
las que 177 personas resultaron asesinadas. La mayoría de estas muertes han
sido consecuencia de ejecuciones extrajudiciales en el marco de operativos de
seguridad ciudadana en comunidades pobres y en operativos de toma de recintos
carcelarios. Hasta ahora, la totalidad de las masacres registradas desde 2003
tenían una característica común, habían sido realizadas en el contexto de
operativos de seguridad ciudadana de combate al delito, ninguna de ellas
guardaba relación con procedimientos de enfrentamiento a la disidencia política
o control de manifestaciones públicas. La Masacre de El Junquito inaugura al
proyecto bolivariano y a la dictadura de Nicolás Maduro en este campo y lo pone
a la par de los represores del pasado venezolano y latinoamericano, que tanto
han sido denunciados por quienes hoy gobiernan.
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