Desde Centroamérica: Violencia institucionalizada contra la mujer y cómo el poder la justifica

Lesther Brenes

Es un hecho por todos conocidos que los órganos de poder a nivel mundial, hablando desde un punto de vista macro social, son controlados por hombres, tanto la iglesia como la política y la economía por sus características de ser instituciones con acceso al poder y a los medios de producción. Se trata de aminorar la cantidad de personas que se lucran de estas actividades, por tanto, son las mujeres relegadas a cargos de inferior importancia, aún cuando en muchos casos se encuentren capacitadas para dicha labor. Para la Organización de Naciones Unidas quienes en 1945 firmaron la Carta de Naciones Unidas, documento que fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces se ha pretendido crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados internacionalmente para mejorar la condiciones de las mujeres en todo el mundo.

El mundo laboral está cambiando de un modo que tendrá consecuencias significativas para las mujeres. Por un lado, los avances tecnológicos y la globalización brindan oportunidades sin precedentes a quienes tienen la posibilidad de acceder a ellos. Por otro lado, están en aumento la informalidad laboral, la desigualdad de los ingresos y las crisis humanitarias. En este contexto, apenas el 50 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial, frente a un 76 por ciento en el caso de los hombres. Es más, una abrumadora mayoría de las mujeres trabaja en la economía informal, subvencionando el trabajo de cuidados y doméstico, y se concentran en empleos peor remunerados y con menos cualificaciones, con poca o ninguna protección social. Lograr la igualdad de género en el trabajo es indispensable para el desarrollo sostenible.

De igual modo, todos los días se suceden constantes titulares del periódico en diferentes partes del mundo, en los cuales puede observarse un repunte en la violencia que según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud:

“Se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida. Sin embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70 por ciento de las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida”. (Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013).

De igual modo los países europeos no escapan de las estadísticas, ya que el 43 por ciento de mujeres de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea ha sufrido algún tipo de violencia psicológica por parte de un compañero sentimental a lo largo de su vida. Esto denota que la violencia no solamente se encuentra justificada por medio del dogmatismo religioso sino que también es parte de una superestructura que mantiene un status quo y que solo muta según el contexto social en el que se desenvuelve, dicha superestructura se integra de diversos factores e instituciones cuyo resultado es una violencia estandarizada y la revictimización por parte de los Estados que optan por políticas de inobservancia y de complicidad.

Un ejemplo de ello es el delito de trata de personas, en Nicaragua no se cumplen a cabalidad los estándares mínimos para luchar contra este delito contemplado en la Ley No. 896, ley en contra de la trata de personas, en la cual se encuentran definidos mecanismos y principios que rigen estos casos que se dan con mayor frecuencia en zonas fronterizas.

Este delito constituye una violación a los derechos humanos, ya que cercenan derechos fundamentales como el de libertad y l consentimiento. Muchos de estos casos quedan en el anonimato y enarbola las listas de desaparecidas, mujeres que dejaron de existir y cuyo paradero es quizás un prostíbulo de Chiapas, Oaxaca o Tapachula; sin embargo existe detrás de esto un completo modos operandi por parte del crimen organizado coludido con las autoridades de cada país, por el cual transportan cantidades indescifrables de mujeres centroamericanas que son engañadas para ejercer labores sexuales bajo la promesa de mejores condiciones de vida en Estados Unidos. Incluso autoridades policiales se han visto constantemente expuestos a denuncias de violaciones a jóvenes migrantes que escapan de la violencia de sus países de origen. Esta presión ejercida por parte de organismos de derechos humanos encuentra eco en movimientos sociales.

Las mujeres adultas representan prácticamente la mitad de las víctimas de trata de seres humanos detectada a nivel mundial. En conjunto, las mujeres y las niñas representan cerca del 70 por ciento, siendo las niñas dos de cada tres víctimas infantiles de la trata.

Mientras escribo el presente ensayo se desarrolla la noticia de la muerte de 37 niñas en un refugio estatal en Guatemala, este lugar fungía como un centro de rehabilitación a la sociedad para niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Sin embargo las autoridades guatemaltecas habían callado años de abusos hacia los menores por parte de los funcionarios del hogar, todo esto ocurría en el municipio de San José de Pinula a cinco kilómetros de la capital. Se presume que las niñas se amotinaron quemando colchones en consecuencia a los abusos sexuales de los trabajadores del bienestar social.

Ahora podemos aterrizar a una realidad un poco alterna pero que se sucede a cada momento en los países de oriente medio y de predominante culto al islam en donde las practicas como la mutilación femenina y la lapidación constituye la normalidad del trato hacia las mujeres. Pero no sólo es cuestión del islam sino de la sociedad islámica que se orienta a las arcaicas creencias de un Corán mal interpretado que deriva en conductas de odio irracional hacia la libertad de pensamiento de las mujeres.

Piénsese en las mutilaciones genitales femeninas, que en algunos pueblos egipcios todavía son justificadas y legitimadas por argumentaciones de carácter religioso, mientras se trata, en realidad, de una práctica que tiende a conservar una tradición que quiere a la mujer completamente sometida al hombre, ya sea a su marido, su padre, su hermano, cuñado, etcétera, y que no tiene ninguna relación con el Corán o con la religión musulmana. También el rol que la mujer tiene dentro del mundo árabe y que en algunos países es aún del todo marginal, encuentra su razón de ser en una interpretación de la sharía particularmente restrictiva, útil para el mantenimiento de una tradición patriarcal, que en sus manifestaciones más obtusamente prohibicionistas, llega incluso a negar a las mujeres el acceso al carné de conducir, como en Arabia Saudita, por no hablar del derecho de voto o de propiedad.

Se estima que 200 millones de niñas y mujeres han sufrido algún tipo de mutilación/ablación genital femenina en 30 países, según nuevas estimaciones publicadas en el Día Internacional de las Naciones Unidas de Tolerancia Cero para La Mutilación Genital Femenina en 2016. En gran parte de estos países, la mayoría fueron cortadas antes de los 5 años de edad. (UNICEF 2016 Female Genital Mutilation/Cutting: A global concern).

[Texto tomado de artículo más extenso publicado en la revista Aurora # 12, San Salvador, marzo 2017. Número completo accesible en https://concienciaanarquista.noblogs.org/files/2017/04/Aurora12.pdf.]