sábado, 3 de diciembre de 2016

Opinión: OLP, operativos represivos de exterminio



J.R. López Padrino

 Las masacres de la Paragua (6 asesinados, 10/06), Cariaco (9 asesinados, 11/16) y la de Barlovento (11/16) donde 12 personas fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes, no pueden consideraras como hechos aislados. Estos asesinatos han sido el producto de la institucionalización de la violencia y de las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la militarización de la seguridad ciudadana. Desde la puesta en práctica del “Operativo de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) más de 850 venezolanos según Provea han sido ejecutados extrajudicialmente. Victimas que han sido presentadas como “abatidos en enfrentamiento” en los partes de guerra a la opinión pública presentados por el general Gustavo González (egresado de la Escuela de las Américas), así como por el narco-general Néstor Reverol. Las redadas emprendidas bajo las OLPs han terminado convirtiéndose en operaciones de exterminio de jóvenes en zonas populares del país.

Con la llegada al poder del fachomilitarismo bolivariano (1998) se dio inicio a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana (DSNB) y del establecimiento del control militar del Estado que incluyó la militarización de la seguridad ciudadana. Pruebas de la aplicación de DSNB son la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (Lodofat), la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) y más recientemente la puesta en ejecución de las OLPs. La Lodofat fue aprobada a fin de criminalizar y judicializar las luchas del movimiento estudiantil, popular y sindical venezolano. Por su parte el Cesppa constituye un organismo milico-policial que tiene por objeto unificar el flujo informativo sobre los aspectos estratégicos sensibles que estipule arbitrariamente el Estado. Por su parte las OLPs representan la demostración más fehaciente de la militarización de la seguridad ciudadana. Constituyen funestos operativos de exterminio en los cuales decenas de personas han sido aniquiladas a manos de efectivos de la pestilente bota militar y agentes de los cuerpos de seguridad.

Lamentablemente el anémico intelectual de Maduro le ha dado continuidad a la vieja visión maniquea del amigo-enemigo del nazista Carl Schmitt y su perverso terrorismo de Estado. Apela al uso de la fuerza militar para la defensa de la Patria contra un fantasioso “enemigo interno”. Bestialidad que los lleva a tipificar como enemigo interno a estudiantes, obreros, presuntos delincuentes, disidentes políticos, campesinos, o cualquier otro sujeto no afín con su barbarie. El régimen se comporta de manera muy similar a los regímenes autoritarios y a las dictaduras militares del siglo XX y XXI. Maduro y su pranato utiliza con rígida lógica militar la concepción de Schmitt para erosionar aún más el Estado de derecho y justificar la sistemática violación del derecho a la vida. Mientras los voceros del régimen “claman victorias” por el abatimiento de “peligrosos maleantes”, los familiares y testigos aseveran que los “abatidos” fueron en realidad detenidos sin que hubiesen hecho resistencia alguna y luego aparecieron en las morgues con signos de haber sido asesinados por disparos a corta distancia (quemarropa) y otros con muestras evidentes de haber sido torturados. Este es el caso de uno de las víctimas en la masacre de Barlovento a quien le fracturaron el cráneo producto de la tortura y mintieron al afirmar que la causa de la muerte había sido un ataque de epilepsia. Una muestra contundente de la vocación humanista que caracteriza a las soldadas y soldados de la patria del que tanto nos habla Padrino López (egresado también de la Escuela de las Américas).

La militarización de la seguridad ciudadana impuesta por el régimen es contraria a lo establecido en nuestra Carta Magna (CM) y en diversos tratados y convenios internacionales que establecen muy claramente el carácter civil de los órganos de seguridad ciudadana. Para nadie es un secreto que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional (FAN) no disponen de capacitación alguna para realizar labores de seguridad ciudadana, muy al contrario, son formados para exterminar al enemigo.

Definitivamente, estamos en presencia de la tortura y de ejecuciones extrajudiciales amparadas por un Estado forajido las cuales han sido institucionalizadas por el régimen espurio y represor de Maduro. Las masacres de la Paragua, de Cariaco y de Barlovento tienen la misma impronta facha-asesina que los ajusticiamientos acaecidos en el Barrio San Vicente, de la ciudad de Maracay (5/08/15). Vale recordar que los artículos 43 y 55 de la CM consagran: la inviolabilidad del derecho a la vida, estableciendo además que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla y la obligación de los cuerpos de seguridad del Estado de respetar “la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”. Los éxitos de las OLPs no son más que (“body counts” al mejor estilo de los milicos colombianos) de inocentes ajusticiados por el Estado venezolano en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana.

Las declaraciones falaces del chafarote Padrino López eludiendo sus responsabilidades y desvinculado a la FAN de las torturas, desapariciones forzadas, y ajusticiamientos extrajudiciales cometidos por sus efectivos en Cariaco y Barlovento lo hacen cómplice y encubridor de estos crímenes. Su supuesto apego al respecto de los derechos fundamentales lo utiliza como coartada para ocultar sus directrices y las fechorías de sus subalternos.

En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana eliminar al enemigo interno -sea cual sea- no es un delito, es un mérito, es una labor patriótica bolivariana. La Paragua, Cariaco y Barlovento, por mencionar las más recientes así lo demuestran.


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