jueves, 31 de marzo de 2016
México: Una lectura anarquista de los fraccionamientos urbanos
Xavier Oliveras
Es de sobra conocido que el modelo de urbanización de las ciudades mexicanas, como en toda Latinoamérica, ha cambiado en los últimos decenios. Si el crecimiento urbano en la segunda mitad del siglo XX fue mediante la autoconstrucción, a menudo en asentamientos irregulares, desde fines de siglo domina la producción en masa de vivienda en fraccionamientos. Son los centenares de conjuntos habitacionales que, con unidades estandarizadas, uniformes y de baja calidad, expanden las periferias urbanas; los fraccionamientos construidos por empresas de capital privado y financiación de INFONAVIT.
Este modelo, iniciado con la voluntad de terminar tanto con la escasez de vivienda para la creciente población urbana como con la ocupación de tierras, ha generado unos espacios urbanos muy deficientes. Debe recordarse que el objetivo de las empresas privadas es la maximización del beneficio, no la calidad de vida de los futuros habitantes. Asimismo, cuando la oferta de vivienda dejó de ser parte de la política pública, el estado se desentendió de sus responsabilidades: procurar y mantener el espacio público (calles, plazas, parques), los servicios básicos (agua, drenaje, recogida de residuos, alumbrado, transporte público, seguridad) y equipamientos (escuelas, centros de salud).
Las consecuencias son ampliamente conocidas: fraccionamientos sin un drenaje adecuado, que se inundan cada vez que llueve y con brotes de aguas negras; privatización del espacio público; ausencia de un servicio de transporte colectivo que conecte la periferia con el resto de la ciudad; casas (y jardines) excesivamente reducidas, con la consecuente insatisfacción y estrés que genera en sus residentes; separación de las zonas habitacionales y comerciales, estas últimas en forma de supermercados; insuficientes plazas escolares; abandono de las casas -alrededor de un 25-30% de la vivienda financiada por INFONAVIT está desocupada o abandonada- y su posterior vandalización; y un larguísimo etcétera.
Frente a esta situación viene a la memoria lo que arquitectos y urbanistas anarquistas, desde Giancarlo de Carlo, Colin Ward y John Turner, de los años 1950 a los 1990, hasta Lebbeus Woods más recientemente, han postulado. Que cuando la gente no tiene un control, no ya una mínima participación, en la toma de decisiones sobre el proceso de provisión de vivienda y de espacios urbanos, sino que por el contrario está bajo el poder del estado y empresas privadas, esa vivienda y espacios se convierten en una barrera al crecimiento y bienestar personal y una fuente de costos sociales, ambientales y económicos.
En sentido opuesto, los anarquistas han observado que cuando los habitantes controlan la toma de decisiones y son libres de hacer contribuciones al diseño, construcción y gestión de sus propias casas y comunidades, tanto el proceso como el espacio urbano producido estimulan el bienestar individual y colectivo, así como la calidad del espacio construido.
Ante espacios deficientes, satisfacer el bienestar se convierte en una necesidad. Un ejemplo de esa búsqueda lo podemos ver en la progresiva remodelación que llevan a cabo sus habitantes: ampliación de la casa -a costa del escaso jardín- para disponer de un espacio habitable más digno; repintado de las paredes exteriores con colores vistosos; construcción de nuevas entradas y fachadas; apertura de tienditas y talleres; e implementación de servicios de taxis colectivos, entre otras medidas. Todo ello contribuye a hacerlos más habitables, diversos y estimulantes.
Se trata de soluciones a un problema que, en primera instancia, debería de evitarse. Y, como bien saben aquellos anarquistas, el problema reside en la práctica de una arquitectura y un urbanismo autoritarios, y social y ambientalmente insostenibles.
[Tomado de http://elmanana.com.mx/opinion/97341/Una-lectura-anarquista-de-los-fraccionamientos.html.]

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