Opinión: ¿Un decreto para ganar tiempo?

María Peña

 Hace algunos días, horas antes de su mensaje en la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, a través de uno de sus ministros, dio a conocer el llamado “Decreto de emergencia económica”, en donde se anuncian una serie de medidas extraordinarias para revertir lo que el gobierno ha llamado “guerra económica”. El decreto debe ser aprobado por el conjunto de diputados, pero se espera que la bancada opositora, ahora mayoritaria, lo rechace. Ante este escenario, se especula que el Tribunal Supremo de Justicia apruebe finalmente su ejecución.

Llama la atención que dicho decreto pretende profundizar las medidas que ya ha venido promoviendo el Ejecutivo, con los resultados conocidos: mayores controles, mayor estatización. Lo curioso es que durante finales del 2014 y comienzos del 2015, antes del inicio de la campaña electoral legislativa, diferentes economistas oficialistas habían expresado la supuesta necesidad de aplicar, de manera gradual, una serie de medidas económicas, que incluían el alza de la gasolina y la devaluación de la moneda. Incluso, para quien recuerde, el propio gobierno realizó durante varios meses una campaña publicitaria donde explicaba que debido a su bajo costo, era necesario aumentar el precio que la gente pagaba por la gasolina. En resumen, el chavismo-madurismo estaba de acuerdo en la aplicación de medidas económicas. El debate estaba en el cómo y en el cuándo. Algunos articulistas de Aporrea profetizaron que el cómo y cuándo sería después de las elecciones parlamentarias. Aquí tenemos que decir que la receta para enfrentar la crisis coincidía en lo fundamental con lo que también opinaban los economistas opositores: Un programa de ajustes estructurales.

Si esto es así entonces, ¿por qué insistir en lo mismo? , ¿Por qué reincidir en un tipo de políticas que, como demostró el 6-D, es crecientemente rechazado también por los sectores populares? La única respuesta que se nos ocurre es: Para manejar los tiempos.

Maduro necesita mostrarse a la ofensiva y dilatar así todo el cuestionamiento interno hacia él y hacia su equipo de gobierno, por ser responsables del descalabro electoral de diciembre pasado. El decreto de emergencia le permitiría ganar de nuevo centimetraje de prensa y llevar la discusión hacia el terreno que le es propio: La tesis de la guerra económica. Con una asamblea en contra, tendría varios meses para promover iniciativas y culpar de la ausencia de resultados a la oposición. Así, al tiempo podría excusar la aplicación de medidas económicas por el sabotaje de la oposición.

Un segundo escenario, que escuchamos en una reunión de camaradas, es que supuestamente un sector del propio gobierno, inconformes con la pareja Maduro-Cabello, estaría acelerando su caída para que, ante un súbito cambio de gobierno, sea la oposición la que imponga las medidas económicas y paguen el precio político por ello. De esta manera, según esta tesis, un chavismo oxigenado podría volver al poder a mediano plazo en mejores condiciones. En un principio esta hipótesis me parecía descabellada, sin embargo dentro de la irracionalidad dominante –alejada de los principios básicos de la estrategia política- puede ser plausible.

Más rápido o más lejos, lo cierto es que la clase política dominante, con expresión en ambos polos, impondrá un paquete de medidas que harán pagar a la clase trabajadora el costo de la crisis. El tiempo es la clave, y el telón de fondo una situación económica a todas luces insufrible e insostenible.