Opinión: COP 21 / Lectura crítica de los acuerdos

Roberto Jaramillo, S.J. 

El texto de Paris comenzará a fungir a partir de 2023 cuando substituya el Protocolo de Kyoto, después del fracaso de las negociaciones hace seis años en Copenhagen. Desde ese entonces estudios científicos ha confirmado que los impactos del cambio climático son no sólo un problema para las generaciones futuras, sino que se sienten ya en todo el mundo: tanto en países ricos y poderosos, como en países y comunidades pobres y deprimidas. En ese sentido los acuerdos de la semana pasada son fruto de un delicado equilibrio aceptado por todos los negociadores: desde los pequeños estados insulares hasta las grandes naciones industrializadas.

El corazón de los acuerdos de la COP21 requiere que cada nación haga su parte. Los signatarios se comprometieron a controlar mutuamente sus planes de reducción de Gases de Efecto invernadero (GEI) con revisiones quincenales a partir de 2023 (!). El texto producido pretende que esas emisiones dejen de aumentar “lo antes posible” y que se reduzcan “rápidamente”, aunque no fija porcentajes ni plazos, como fue pedido por algunos países y buena parte de la sociedad civil. Proponen limitar el aumento de la temperatura del planeta “muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales”, y “seguir esforzándose por limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC”. Esa redacción satisfizo tanto a los países industrializados y emergentes que no quieren comprometer su desarrollo económico, como a los países más vulnerables a los desastres meteorológicos. Cabe preguntarse si al ritmo que vamos para el año 2023 no habremos ya pasado el umbral del 1,5 o de los 2 grados centígrados que se pretenden como techo.

Antes de los diálogos en París, ya 185 naciones habían decidido hacer públicos los detalles sobre planes nacionales de reducción de emisiones de carbono entre 2025 y 2030. Durante la reunión en París, Venezuela se unió a ese grupo sumando 186 naciones entre las 195 allí presentes. Sin embargo, al mismo tiempo que se asumió el compromiso de que estas 186 naciones hagan públicos sus planes de reducción GEI 2025-2030, la COP21 no decidió mecanismo legal ninguno para definir el cómo (mecanismos) y el cuánto (límites y objetivos) de esas reducciones, contentándose con un sistema de “name-and-shame” que se espera presiones los resultados nacionales.

El texto invita, también, a los países industrializados a crear en un fondo de USD $ 100.000 millones de dólares “como mínimo” que será transferido a los países en desarrollo a partir de 2020; una cifra que, según el texto, será revisada “a más tardar” en 2025. Las potencias emergentes podrán sumarse también en sus contribuciones de forma voluntaria, como ya ha empezado a hacerlo China. Nadie duda que esos USD $ 100.000 millones son “un punto de partida valioso”, pero sigue siendo menos del 8% del gasto militar anual del mundo. 

Además de establecer ese fondo el acuerdo de la COP21 formaliza un mecanismo establecido hace dos años para reembolsar daños causados por el cambio climático y define un objetivo a largo plazo, que fue determinado como: el balance entre las emisiones y las capturas de gases de efecto invernadero entre 2050 y 2100. Esta, que sería la meta más ambiciosa para salvar la vida en el planeta queda pospuesta para la segunda parte del siglo (¡!): lograr un equilibrio total entre las emisiones de gases de efecto invernadero y las acciones para contrarrestarlas.

Y aquí entramos en el campo de aquellos que se declaran decepcionados por lo alcanzado. Para los críticos del fruto de la COP21, los pactos o acuerdos declarados no cuenta con las herramientas jurídicas necesarias para luchar contra el calentamiento global. Es una conferencia más, con muchas declaraciones y pocos resultados, que no comprendió que para salvar la vida en el planeta no sólo se necesita hacer otras muchas cosas, sino que se necesita hacer las cosas de otra manera. La COP21 no entendió que lo que se requiere es un cambio de modelo de desarrollo que promueva y exija la utilización de energías renovables, mantenga vivos por lo menos el 80% de los recursos fósiles actuales, y frene el extractivismo en todos sus frentes (entre otras medidas).

En ese sentido los “acuerdos” alcanzados en 14 días de negociaciones se ajustan perfectamente a los criterios usados en anteriores conferencias: mercantilizar los recursos naturales y el clima, proponiendo "falsas soluciones" como el aumento de mercados de carbono, la compensación por emisiones producidas y el manejo de cuotas arbitrariamente decidas que favorecen la especulación frente a los esfuerzos reales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha optado por hacer un poco más de lo mismo mediante la adaptación y la mitigación de efectos, contando con el auxilio de la ciencia y de  transferencias tecnológicas, y con promesas de financiación y de capacitación a los que están en vía de asumir ESTE tipo de desarrollo.

La meta fundamental de la descarbonización de la economía (que implica no compensar sino ajustar a cero la producción de gases de efecto invernadero – “carbono neutralidad”; pasando eventualmente a retirar GEI de la atmósfera) ha acabado en una vaga referencia a la necesidad de alcanzar el pico de emisiones “lo antes posible“ y conseguir un “equilibrio entre las emisiones antropogénicas y las fuentes y absorciones por sumideros de los gases de efecto invernadero“. Una vez más se reducen los tratados y negociaciones a hacer a una fórmula compensatoria que no asegura su reducción substancial mediante un cambio en la forma de producir y de consumir.

Los textos nada dicen tampoco sobre las emisiones generadas por el transporte aéreo y marítimo, sobre la grande industria extractiva de recursos naturales, sobre el fracking, las arenas bituminosas, y tampoco dicen nada sobre la importancia de la desinversión en combustibles fósiles. Elementos claves, mencionados insistentemente en la encíclica del papa Francisco, como la justicia climática, los derechos de la creación, las cuestiones de género, los refugiados climáticos, la responsabilidad de la casa común, la participación decidida y fundamental de la sociedad civil y sus movimientos, la financierización de la naturaleza, etc., son puntos que han quedado fuera del texto final.

Muchos activistas e incluso el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, dijeron que esperaban que este acuerdo y su aprobación enviará una fuerte señal al sector privado y los mercados que trabajan en el sector energético, para que dejaran los combustibles fósiles e invirtieran en renovables. Este es, a largo plazo, uno de los mayores logros de la COP21.

La COP21 ha terminado bajo el signo de la ambigüedad que caracteriza los textos de acuerdos políticos. No es un texto perfecto ni se anuncian grandes cambios en el futuro inmediato, pero el éxito de esta conferencia dependerá en buena medida de dos factores: la presión de la comunidad internacional en las acciones de los gobiernos, y la participación de la sociedad civil en la creación de nuevos modelos de desarrollo que sean viables y escalables. Experiencias bien fundadas en agroecología con esfuerzos por asegurar la soberanía alimentaria, la movilidad sostenible, el bio-regionalismo, y la desinversión en combustibles fósiles pondrán en evidencia, por un lado, la falta de ambición de los líderes políticos (y la voracidad de las fuerzas económicas) y, por otro, el hecho de que sólo un cambio en el modelo actual de producción y de consumo podrá contribuir –a largo plazo- en la solución a los problemas del calentamiento global.

Si quiere leer el texto oficial de los acuerdos, siga este link.

Tomado de http://www.cpalsocial.org/1047.html