Como respuesta a la reacción del gobierno venezolano frente a las sanciones impuestas por la administración Obama a funcionarios maduristas por "violación a derechos humanos", Obama incluyó a Venezuela en la llamada "Ley de Emergencia Internacional de Poderes Económicos" previó declarar al país como “una inusual y extraordinaria amenaza a la Seguridad Nacional y a la política exterior de los Estados Unidos”. La declaración de una “emergencia nacional” permite a Estados Unidos aplicar sanciones contra un personas o un país, con base en determinadas circunstancias, de manera expedita sin la aprobación por el Congreso. La Ley de Emergencia Internacional de Poderes Económicos permite al Presidente norteamericano establecer restricciones y prohibiciones comerciales, financieras e incluso, en caso que se considere que un país ha atacado a Estados Unidos o es hostil, se puede llegar a la confiscación de los activos que se encuentren en jurisdicción estadounidense. En otras oportunidades Estados Unidos ha calificado como “amenaza para la Seguridad Nacional” a Irán, Birmania, Sudán, Rusia, Zimbabue, Siria, Bielorrusia y Corea del Norte.
El gobierno de Nicolás Maduro ha declarado dicha iniciativa como "una declaración de guerra" por parte del gobierno norteamericano, afirmando que se estaría preparando una invasión al país. A pesar de la gravedad de este diagnóstico, la única respuesta diplomática ha sido el "llamado a consulta" del encargado de negocios en Estados Unidos, Maximilien Arveláiz. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que "ya se está planificando, y debemos decirlo, son ataques contra nuestra tierra, sobre nuestro país, ataques militares". Este grave diagnóstico, sin embargo, no tiene como consecuencia interrupción de relaciones diplomáticas o comerciales desde Venezuela con su "inminente agresor".
El presidente Nicolás Maduro solicitará en las próximas horas que la Asamblea Nacional el confiera "poderes habilitantes" extraordinarios, que según él, necesita para enfrentar la crisis.
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