Gobierno “socialista, humanista, revolucionario y feminista” de Venezuela se niega a registrar niño nacido en Argentina de dos madres venezolanas lesbianas.
Giniveth Soto fue asesina el día sábado 13 de diciembre en horas de la madrugada. Su muerte significó un duro golpe para el activismo LGBTI en Venezuela. Quizás sin quererlo ella, su esposa Migdelis Miranda y su hijo Salvador, se convirtieron en la familia homoparental activista más joven de Venezuela. Ambas profesionales, con planes de vida en lo personal y profesional. Todo se vio truncado con la trágica muerte de Giniveth.
Su muerte, además de profundo dolor, deja en situación de vulnerabilidad a su esposa y a su hijo. Salvador fue concebido con el óvulo de Giniveth y gestado en el vientre de Migdelis. En países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido y se reconoce la comaternidad y la copaternidad, esta situación no es nada extraordinario y algo muy distante a ser considerado un problema; no sucede así en Venezuela.
Para las instituciones del estado venezolano el caso de Giniveth Soto, su esposa Migdelis y el hijo de ambas, Salvador Soto Miranda, es un problema. Un problema que los desenmascara como un estado patriarcal, heterosexista, machista, homofóbico y violador de derechos humanos.
Posterior a la muerte de Giniveth, varias organizaciones LGBTI del país exigieron a las instituciones del estado resolver el caso de su viuda y su hijo. A esta pareja de lesbianas se les negó en el año 2013 el registró de su matrimonio realizado en Argentina. A finales de 2014 se les negó el registro de nacimiento de Salvador, nacido en Argentina pero de madres venezolanas; ambos procedimientos contemplados en la legislación venezolana pero, al parecer, según la discreción de quienes están al frente de las instituciones, limitado a las personas heterosexuales.
Varios días de reuniones en una “mesa técnica” con representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de la Mujer, Consejo de Protección de niños, niñas y adolescentes y la Oficina Nacional de Registro Civil no dieron resultados positivos.
Varios escenarios habíamos considerado se presentarían en esas reuniones:
1. Se le ofrecería a Migdelis registrar al niño Salvador como hijo de Giniveth Soto. Aceptar esto significa que Migdelis renuncie a la maternidad de Salvador y, por ende, la guardia y custodia del niño quedaría en manos de la familia de Soto.
2. Se le ofrecería a Migdelis registrar a Salvador solo como su hijo. Aceptar esto significa que Salvador pierde todos sus derechos como heredero de los bienes materiales de su madre Giniveth Soto.
3. De no aceptar las dos opciones anteriores Salvador seguirá con su nacionalidad argentina, mas no la venezolana, lo cual lo convierte en un ser ilegal, indocumentado o un turista, un residente o cualquier otra categoría que legalmente pueda obtener para permanecer en el país.
4. Migdelis deberá emigrar para que su hijo pueda estar legalmente y sin problemas con su documentación argentina como hijo de ambas madres.
Estos cuatro escenarios son todos desfavorables y muy lamentables. Hasta ahora, el estado venezolano no ha dado ninguna respuesta a la solicitud de Migdelis, a las exigencias de las organizaciones LGBTI; y lo que es aún peor ha incumplido con las leyes internacionales que lo obligan a reconocer la nacionalidad venezolana de Salvador Soto Miranda y el matrimonio entre Giniveth Soto y Migdelis Miranda y otros miles de venezolanos homosexuales que han decido legalizar su amor en otros países que si ofrecen protección a sus ciudadanos y a extranjeros independientemente de su orientación sexual.
No han respondido a solicitud de reconocimiento de identidad a personas trans. No han respondido a solicitud de Matrimonio Igualitario. No dan respuesta a solicitud de declaración de día nacional contra la homofobia. No han respondido a solicitud de solución y penalización a crímenes de oído por orientación sexual, identidad y expresión de género. No dan respuesta pública a ocultamiento de cifras de familias homosexuales censadas en el país. No registran matrimonios de personas de ambos sexos realizados en el extranjero. No registran niños nacidos de madres o padres homosexuales. No se penaliza a las declaraciones homofóbicas de miembros de instituciones del estado y políticos y otras personalidades de la vida pública como obispos, cardenales y líderes religiosos.
Las “menciones” en leyes o planes no otorgan ningún derecho y no proveen a homosexuales con instrumentos legales para elaborar denuncias por discriminación. A las personas LGBTI no nos sirve que el presidente nos nombre y reconozca de palabra nuestros derechos. No nos sirve “la intención de ayudar” o el “ojalá pudiera hacer más” o el “sigan insistiendo” de algunos Diputados. No nos sirven las miles y miles de reuniones en los que solo se expresa “entender” y “saber” que hay que hacer. Basta de hipocresías y falsas promesas e intenciones. Un gobierno que no da respuesta, que no da explicaciones pero que sigue hablando de "igualdad e inclusión." ¿Para quién?
Y así, aún siguen vendiendo la idea de ser un gobierno “socialista, humanista, revolucionario y feminista”. Demasiados adjetivos para un gobierno que solo puede calificarse de retrógrado.
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