Zonas Económicas Especiales: Derechos laborales en riesgo

Rafael Uzcátegui

El pasado 18 de noviembre, mediante facultades habilitantes el presidente Nicolás Maduro publicó, en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.151, el decreto 1.425 con la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. Esta decisión, que proporciona el piso jurídico para el establecimiento de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” en el país, por un lado es la decisión más preocupante en los últimos años respecto a la vigencia de derechos laborales en Venezuela y, por otro, un mensaje del Ejecutivo sobre su viraje a políticas de libre mercado.

Se denomina zona económica especial (ZEE o SEZ por sus siglas en inglés) a una región geográfica que posee un marco jurídico diferente al resto del país, cuya finalidad es incrementar la inversión extranjera en ese territorio al ofrecer amplias ventajas para la inyección de capitales foráneos. El Banco Mundial las define como “áreas geográficas delimitadas dentro de las fronteras nacionales de un país donde las reglas de los negocios son diferentes, generalmente más liberales, que aquellas que prevalecen en el territorio nacional”. Según este ente existen más de 3.500 ZEE ubicadas en 130 países. China ha sido un gran promotor de la implementación de ZEE, tanto así que un estudio sobre la materia, realizado por José Manuel Orozco, concluye que “han sido el motor fundamental para la modernización del país, tan sólo en 2003 dos provincias (Guangdong y Fujian) generaron 303 billones de dólares, convirtiéndose en la sexta economía más grande del mundo y la décima en exportación”. Y ha sido precisamente como resultado de los acuerdos económicos con el país asiático por parte del presidente Maduro, que se implementan las ZEE en Venezuela.

La Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo aprobada por el Ejecutivo está en sintonía con las características de las ZEE en cualquier lado del planeta. Resumiendo, define una gran área geográfica que hará caso omiso a la organización político territorial actual, cuyo polígono puede abarcar varios municipios de varios estados. Estas áreas tendrán un coordinador nombrado directamente por el presidente, por lo que no será de elección popular, con amplias competencias en materia económica. Las ganancias generadas poseerán una administración especial, por lo que serán independientes del presupuesto nacional, y quizás de difícil contraloría social. Según la ley en estas zonas se modificará el patrón monetario y cambiario, para agilizar el comercio exterior y exportaciones. Además, de manera similar a las que existen en el resto del globo, tendrán “incentivos económicos y fiscales especiales”, artículo 27, que intentarán hacerlas atractivas para los capitales exógenos.

No obstante lo anterior, el principal motivo de preocupación tiene que ver con la vigencia de los derechos laborales. En el año 2013 el gobierno promovió la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), y el propio presidente Chávez declaró cuando la rubricó “es producto de un largo proceso de luchas y batallas”. Pues esa ley, de avanzada según el propio gobierno, no es la que normará las relaciones laborales dentro de las ZEE. La ley de las ZEE indica: “El Presidente podrá definir el régimen especial y extraordinario de contrataciones” dentro del apartado de incentivos para las empresas. Dentro de los acuerdos China-Venezuela ya se ha anunciado la inversión asiática en varias de las ZEE en el país, de la mano de empresas como Citic Group, Sany Heavy Industry y Jac Motors.

Defensores de derechos laborales en el mundo han cuestionado la ausencia de garantías para un trabajo digno y decente dentro de las ZEE. Para Filipinas, por ejemplo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) informó: “En las ZEE las fuerzas de seguridad impiden la sindicalización, y los trabajadores que quieren organizarse se arriesgan a ser despedidos y a que sus nombres sean incluidos en listas negras”. En su informe mundial de 2011 alertaron sobre “la explotación de la mano de obra mayoritariamente femenina en las zonas francas industriales -como también se conocen a las ZEE- de todo el mundo”. Para Nicaragua afirmaron que el inicio de las ZEE coincide con la expansión de la economía basada en maquilas para el país y sólo después de duras luchas, algunos derechos laborales comienzan a ser reconocidos. Para República Dominicana informaron en el 2008: “De las 57 empresas que operan en las zonas francas industriales (ZFI) y que emplean unos 155.000 trabajadores, los sindicatos nos informan que sólo se les ha permitido sindicalizarse en ocho de ellas”. En un reporte sobre cómo la Organización Mundial de Comercio promueve las ZEE, la CSI afirmó: “Las ZFI son conocidas por la represión de los derechos sindicales y por las horas extraordinarias que obligan a hacer a su personal. Es habitual que los gobiernos dejen a esas zonas fuera del marco de cobertura de la legislación laboral o no tomen medidas cuando se infringe dicha legislación, especialmente en lo referente a horas de trabajo y derechos sindicales”.