J.R. López Padrino
A medida que la crisis política, económica y social se acentúa, el neofascismo en su versión tropical, entiéndase el fachochavismo bolivariano, decreta el estado general de sospecha, incrementa su delirio paranoico contra el enemigo interno, acrecienta la represión, criminaliza la protesta social, asume la critica como traición, militariza la sociedad e impone la delación como política de Estado.
A fin de profundizar el control social, el fachochavismo promueve la delación como parte de su terrorismo de Estado. A lo largo de estos 3 lustros la “revolución bonita” ha construido un andamiaje jurídico para promover una sociedad de vulgares delatores: la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo (Lodofat), las redes de cooperantes bolivarianos y más recientemente línea caliente de Ameliach y el Sistema Popular de Protección de la Paz.
El mejor empeño del proyecto fachobolivariano por profundizar el control social y construir un andamiaje para la delación lo constituye la Lodofat aprobada por la mayoría genuflexa de la Asamblea Nacional (01/2012). La misma representa la excusa jurídica perfecta para perseguir a la disidencia política y construir una sociedad de delatores. Se convierte en el instrumento ideal para la legitimación del régimen mediante el miedo, la represión, la judicialización de la protesta social y el terror a la delación.
El otro gran esfuerzo del fachochavismo por afianzar la delación como política de Estado y por ende ejercer un mayor control sobre los ciudadanos ha sido la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (24/10/2013), el cual fue establecido fundamentalmente para controlar la forma de pensar y las actividades de la población, así como para infundir una política de miedo sin limite alguno.
Igualmente el fachochavismo ha calcado en parte la política “de seguridad democrática” de Colombia la cual fue promovida por Uribe Vélez. La dupla Maduro-Cabello ha creado una red de patriotas cooperantes (ciudadanos delatores) cuya identidad es protegida por el Estado represor. En efecto los procesos penales de las protestas de febrero de 2014 están fundamentados en informaciones proporcionadas por patriotas cooperantes (sapos rojo-rojito) lo que impiden un cabal ejercicio de la defensa. La utilización de testimonios anónimos (“sapos cooperantes”) como elementos probatorios se presta para que la mentira y la manipulación sean utilizados como elementos condenatorios contra miembros de la disidencia política. Paradójicamente, el régimen “revolucionario y socialista” del ungido Maduro ha recurrido a los mismos métodos perversos que utilizó el paraco de Uribe Velez en el pasado.
El despreciable y aborrecible delator (sapo traidor) representa el prototipo del hombre nuevo que promueve la revolución bolivariana.
A medida que la crisis política, económica y social se acentúa, el neofascismo en su versión tropical, entiéndase el fachochavismo bolivariano, decreta el estado general de sospecha, incrementa su delirio paranoico contra el enemigo interno, acrecienta la represión, criminaliza la protesta social, asume la critica como traición, militariza la sociedad e impone la delación como política de Estado.
A fin de profundizar el control social, el fachochavismo promueve la delación como parte de su terrorismo de Estado. A lo largo de estos 3 lustros la “revolución bonita” ha construido un andamiaje jurídico para promover una sociedad de vulgares delatores: la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo (Lodofat), las redes de cooperantes bolivarianos y más recientemente línea caliente de Ameliach y el Sistema Popular de Protección de la Paz.
El mejor empeño del proyecto fachobolivariano por profundizar el control social y construir un andamiaje para la delación lo constituye la Lodofat aprobada por la mayoría genuflexa de la Asamblea Nacional (01/2012). La misma representa la excusa jurídica perfecta para perseguir a la disidencia política y construir una sociedad de delatores. Se convierte en el instrumento ideal para la legitimación del régimen mediante el miedo, la represión, la judicialización de la protesta social y el terror a la delación.
El otro gran esfuerzo del fachochavismo por afianzar la delación como política de Estado y por ende ejercer un mayor control sobre los ciudadanos ha sido la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (24/10/2013), el cual fue establecido fundamentalmente para controlar la forma de pensar y las actividades de la población, así como para infundir una política de miedo sin limite alguno.
Igualmente el fachochavismo ha calcado en parte la política “de seguridad democrática” de Colombia la cual fue promovida por Uribe Vélez. La dupla Maduro-Cabello ha creado una red de patriotas cooperantes (ciudadanos delatores) cuya identidad es protegida por el Estado represor. En efecto los procesos penales de las protestas de febrero de 2014 están fundamentados en informaciones proporcionadas por patriotas cooperantes (sapos rojo-rojito) lo que impiden un cabal ejercicio de la defensa. La utilización de testimonios anónimos (“sapos cooperantes”) como elementos probatorios se presta para que la mentira y la manipulación sean utilizados como elementos condenatorios contra miembros de la disidencia política. Paradójicamente, el régimen “revolucionario y socialista” del ungido Maduro ha recurrido a los mismos métodos perversos que utilizó el paraco de Uribe Velez en el pasado.
El despreciable y aborrecible delator (sapo traidor) representa el prototipo del hombre nuevo que promueve la revolución bolivariana.
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