Francisco J. Sierra
En materia de minería, el gobierno chavista (Chavismo hoy en día no traduce “bolivariano”, “revolucionario”, “Socialista”, traduce una categoría de burocracia centrista de socialdemocracia tardía), desde 1999 hasta hoy noviembre-2014, su política minera ha sido la continuidad del puntofijismo en su última etapa, en la etapa neoliberal o paquetera, cuya máximo exponente fue Rafael Caldera, el último presidente del adeco-copeyanismo, quien expresó en más de una oportunidad que Venezuela era petróleo, lo importante era el petróleo y este no se podía privatizar o entregar al capital extranjero porque era estratégico, pero que habían otros segmentos que si se le podían entregar al capital foráneo transnacional para que lo explotara, entre esos renglones estaba la minería de minerales preciosos en Guayana y el turismo, y otros. A esa entrega se le denominó “La Apertura Minera”, un hermanito menor de la apertura petrolera, pero bajo el mismo esquema.
Por ello en Guayana en los 90 anduvieron por estos lados del sur de la Orinoquia, las principales empresas auríferas inglesas, canadienses, norteamericanas, surafricanas, quienes se aprestaban para ponerles las garras a los lomitos auríferos de nuestra Guayana. Condición sine quan non que exigían, estas transnacionales, era que le “limpiaran” el espacio de mineros “ilegales e invasores”, dado que existía una tradición minera en el Estado Bolívar, centenaria, que muy bien pudo aprovechar el gobierno bolivariano, pero su desviación y traición al espíritu del “27-F-89” impidió que eso se aprovechara.
Caldera cumplió con las transnacionales en el sentido de “limpiarle” la zona de mineros ilegales e invasores, militarizándola, para luego entregárselas a sus “nuevos dueños” limpiecita; pero el populismo puntofijista, que fue más “social”, si se quiere, que el chavismo, como sabía que Guayana tenía una tradición minera y era una forma de reanimar la deprimida economía del sur, permitió el ejercicio de la minería a pequeña escala (Sistema de “Tolerancia”), como una válvula de escape con sentido social, aunque reprimían y “martillaban” a los mineros, pero había cierta tolerancia en el ejercicio de la minería, también influían en esa tolerancia los compradores de oro, en donde habían muchos financistas de la partidocracia adeca-copeyana y causaerrista.
Con la llegada de Chávez, se paraliza la “apertura minera” de corte fondomonetarista, pero se produce un vacío, vacío que duró casi 10 años del gobierno de Hugo Chávez, que permitía que las trasnacionales continuasen, no fuesen revocadas sus concesiones, un limbo verdadero, en donde el caso más emblemático fue la empresa aurífera CRISTALLEX, que hasta el principio de esta segunda década del siglo, continuo apostada en el lomito de Las Cristinas, ese “vacío” trató de llenar Luis Herrera Mendoza, cuando fue presidente de CVG-Minerven, hoy imputado por la Asamblea Nacional, que independiente que haya cometido irregularidades, la causa política de su imputación parte del hecho que quiso acabar con el vacío minero de Guayana y recuperó una series de minas importantes en manos de trasnacionales para el estado, ahí se pisaron muchos callos poderosos y el quedó sin apoyo político y con enemigos de lujo.
Hago mención aquí a Luis Herrera Mendoza porque existen casos peores que los de él, no obstante no los tocan ni con el pétalo de una rosa, él fue una factura de la alianza, soterrada pero eficaz, PSUV-Rangel-AD-Causa R, comandita que se manifiesta en las actuales Alcaldías de Tumeremo, El Callao y Upata, en manos de adecos y causaerristas, más afines al Gobernador Rangel que el Alcalde Chavista de Caroní, a quien quieren defenestrar, abriéndole expediente por la basura y el cobro de impuestos; pero esta comandita MUD-Rangel, tiene su origen el negocio del oro, y del hierro y aluminio también, pero esa es otra historia.
Ya hoy en día sabemos las causas del “vacío” chavista con respecto a la política minera, vacío que también, en parte se ha venido dando en las empresas básicas, y es que el chavismo es privatizador neoliberal, pero no lo podía decir ni hacer por el disfraz de socialista, revolucionario y bolivariano que tiene, pero ya las máscaras caen cual octavita de carnaval.
Se me había olvidado decir que en la “limpieza” de mineros ilegales e invasores, en sus propias tierras, el chavismo lo hizo peor, fue más allá en la solución represiva que los mismo adecos y copeyanos, ya que penalizó la labor minera, ahora solo las empresa mixtas, entiéndase transnacionales asociadas con la burocracia, pueden ejercer legalmente la minería en Guayana. El ejercicio ilegal de la minería, es un delito con pena de prisión de hasta 6 años y 6 meses de cárcel segura, según la última habilitante (Ya es penúltima), en vida del propio Chávez.
[Este texto es parte de un trabajo más extenso, que puede verse en http://laguarura.net/2014/11/24/analisis-de-las-leyes-habilitantes-maduristas-2da-entrega/.]
En materia de minería, el gobierno chavista (Chavismo hoy en día no traduce “bolivariano”, “revolucionario”, “Socialista”, traduce una categoría de burocracia centrista de socialdemocracia tardía), desde 1999 hasta hoy noviembre-2014, su política minera ha sido la continuidad del puntofijismo en su última etapa, en la etapa neoliberal o paquetera, cuya máximo exponente fue Rafael Caldera, el último presidente del adeco-copeyanismo, quien expresó en más de una oportunidad que Venezuela era petróleo, lo importante era el petróleo y este no se podía privatizar o entregar al capital extranjero porque era estratégico, pero que habían otros segmentos que si se le podían entregar al capital foráneo transnacional para que lo explotara, entre esos renglones estaba la minería de minerales preciosos en Guayana y el turismo, y otros. A esa entrega se le denominó “La Apertura Minera”, un hermanito menor de la apertura petrolera, pero bajo el mismo esquema.
Por ello en Guayana en los 90 anduvieron por estos lados del sur de la Orinoquia, las principales empresas auríferas inglesas, canadienses, norteamericanas, surafricanas, quienes se aprestaban para ponerles las garras a los lomitos auríferos de nuestra Guayana. Condición sine quan non que exigían, estas transnacionales, era que le “limpiaran” el espacio de mineros “ilegales e invasores”, dado que existía una tradición minera en el Estado Bolívar, centenaria, que muy bien pudo aprovechar el gobierno bolivariano, pero su desviación y traición al espíritu del “27-F-89” impidió que eso se aprovechara.
Caldera cumplió con las transnacionales en el sentido de “limpiarle” la zona de mineros ilegales e invasores, militarizándola, para luego entregárselas a sus “nuevos dueños” limpiecita; pero el populismo puntofijista, que fue más “social”, si se quiere, que el chavismo, como sabía que Guayana tenía una tradición minera y era una forma de reanimar la deprimida economía del sur, permitió el ejercicio de la minería a pequeña escala (Sistema de “Tolerancia”), como una válvula de escape con sentido social, aunque reprimían y “martillaban” a los mineros, pero había cierta tolerancia en el ejercicio de la minería, también influían en esa tolerancia los compradores de oro, en donde habían muchos financistas de la partidocracia adeca-copeyana y causaerrista.
Con la llegada de Chávez, se paraliza la “apertura minera” de corte fondomonetarista, pero se produce un vacío, vacío que duró casi 10 años del gobierno de Hugo Chávez, que permitía que las trasnacionales continuasen, no fuesen revocadas sus concesiones, un limbo verdadero, en donde el caso más emblemático fue la empresa aurífera CRISTALLEX, que hasta el principio de esta segunda década del siglo, continuo apostada en el lomito de Las Cristinas, ese “vacío” trató de llenar Luis Herrera Mendoza, cuando fue presidente de CVG-Minerven, hoy imputado por la Asamblea Nacional, que independiente que haya cometido irregularidades, la causa política de su imputación parte del hecho que quiso acabar con el vacío minero de Guayana y recuperó una series de minas importantes en manos de trasnacionales para el estado, ahí se pisaron muchos callos poderosos y el quedó sin apoyo político y con enemigos de lujo.
Hago mención aquí a Luis Herrera Mendoza porque existen casos peores que los de él, no obstante no los tocan ni con el pétalo de una rosa, él fue una factura de la alianza, soterrada pero eficaz, PSUV-Rangel-AD-Causa R, comandita que se manifiesta en las actuales Alcaldías de Tumeremo, El Callao y Upata, en manos de adecos y causaerristas, más afines al Gobernador Rangel que el Alcalde Chavista de Caroní, a quien quieren defenestrar, abriéndole expediente por la basura y el cobro de impuestos; pero esta comandita MUD-Rangel, tiene su origen el negocio del oro, y del hierro y aluminio también, pero esa es otra historia.
Ya hoy en día sabemos las causas del “vacío” chavista con respecto a la política minera, vacío que también, en parte se ha venido dando en las empresas básicas, y es que el chavismo es privatizador neoliberal, pero no lo podía decir ni hacer por el disfraz de socialista, revolucionario y bolivariano que tiene, pero ya las máscaras caen cual octavita de carnaval.
Se me había olvidado decir que en la “limpieza” de mineros ilegales e invasores, en sus propias tierras, el chavismo lo hizo peor, fue más allá en la solución represiva que los mismo adecos y copeyanos, ya que penalizó la labor minera, ahora solo las empresa mixtas, entiéndase transnacionales asociadas con la burocracia, pueden ejercer legalmente la minería en Guayana. El ejercicio ilegal de la minería, es un delito con pena de prisión de hasta 6 años y 6 meses de cárcel segura, según la última habilitante (Ya es penúltima), en vida del propio Chávez.
[Este texto es parte de un trabajo más extenso, que puede verse en http://laguarura.net/2014/11/24/analisis-de-las-leyes-habilitantes-maduristas-2da-entrega/.]
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