Ante los diferentes testimonios que aseguran que las cinco personas muertas en el operativo policial realizado en el edificio Manfredir, ubicado en el centro de Caracas, fueron víctimas de un presunto ajusticiamiento, Provea exige que el Ministerio Público investigue la responsabilidad del ministro de interior Rodríguez Torres y del Comisario del CICPC quue dirigió el procedimiento.
Recientemente se pudo conocer que un procedimiento de allanamiento llevado a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) en la sede del colectivo “Escudo de la Revolución” ubicado en el Centro Manfredir, en la esquina Glorieta de Quinta Crespo, en el procedimiento perdieron la vida Carmelo Chávez, José Miguel Odreman Dávila, Michael Antonio Contreras Bernal, José Ángel Tovar Contreras y Jesús Rodríguez en circunstancias que aún están siendo investigadas por fiscales del Ministerio Público.
El Comisario Douglas Rico, declaró que el procedimiento se debió a la investigación de un homicidio en el que estarían involucrados dos de los fallecidos y en horas de la tarde del día martes 07 de octubre el CICPC catalogó a los fallecidos como miembros de una “banda delictiva que llevaba tiempo operando en Caracas”.
Familiares de las víctimas han desmentido estás afirmaciones, Isidra Riera, madre de Jesús Rodríguez, dijo que su hijo fue reservista, escolta concejal Eliézer Otaiza y del general Lucas Rincón. Migdelia Bernal, madre de Michael Contreras, dijo que él era Segundo Comandante del Frente 5 de Marzo que agrupa a 100 grupos colectivos., dijo que su hijo no era un delincuente y que estaba en el curso de preparación para ser efectivo del Sebin. Por su parte Yamileth Dávila, hermana de José Odreman, quien fue abatido hora y media después de haber declarado a los medios de comunicación, afirmó que hará las diligencias ante la Fiscalía para exigir que se esclarezcan los hechos y limpiar el nombre de su hermano.
El Ministerio Público comisionó al fiscal 39° nacional con competencia en Protección de Derechos Fundamentales, Juan Barradas, para que en conjunto con las fiscalías 41° y 55° del área metropolitana de Caracas, investiguen los hechos. Un reportaje del diario El Nacional
expresó “Todas las personas consultadas, además de negar que los líderes de los colectivos se hayan enfrentado con los funcionarios del Cicpc, denunciaron que la policía judicial alteró las evidencias de interés criminalístico”. Si estas denuncian se corroboran y se confirma el ajusticiamiento, tanto el ministro de interior y justicia, Rodríguez Torres, como el comisario que encabezó el operativo, Douglas Rico, deben ser investigados sobre su responsabilidad.
Provea ha venido alertando sobre los casos de violación del derecho a la vida, pues en el período comprendido entre 1997 y 2011 la Policía Técnica Judicial, actualmente CICPC fue responsable de 368 muertes. En el año 2012 se pudieron contabilizar 45 a manos de funcionarios de este cuerpo de seguridad, de los 205 casos reportados en el año 2013 el CICPC es responsable de 99 casos de violaciones del derecho a la vida. Desde hace varios años Provea viene denunciando lo que parece una política sistemática de realización de ejecuciones por parte del CICPC, que ha afectado tanto a sectores humildes como a grupos
identificados con el oficialismo, como ha sido denunciado por iniciativas como el “Movimiento de Pobladores” en meses pasados.
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