El gobierno ecuatoriano de Rafael Correa ha realizado una campaña de criminalización de la protesta en dicho país, lo cual ha incluido diferentes actos de intimidación y obstáculo de sus labores a organizaciones sociales y no gubernamentales. El caso más emblemático ha sido el de la Fundación Pachamama, la cual fue clausurada por el gobierno el pasado mes de diciembre de 2012.
Recientemente, la Fundación Pachamama realizó un acto público de rendición de cuentas en el estacionamiento del Jardín Botánico de la ciudad de Quito, el cual fue asediado por funcionarios policiales y de inmigración que detuvieron a tres personas de nacionales estadounidense, las cuales han sido colaboradoras de Pachamama en sus actividades. Uno de ellos, Oliver Utne, fue "invitado" por las autoridades a irse del país debido supuestamente a problemas con su visado.
La Fundación Pachamama operó en Ecuador durante 17 años y se opuso a la explotación de petróleo en la reserva ecológica del Yasuní.
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