"Gobierno de calle" evade realidad laboral en su paso por Bolívar

César Noriega Ramos (Correo del Caroní)

Ciudad Guayana. 27/05/2013

Al cuarto día de los seis que se estime dure las inspecciones del “Gobierno de calle”, los ministros y viceministros han echado a un lado los temas neurálgicos de la sociedad guayanesa. Los frentes abiertos de Guayana se pierden de vista y requieren más que buenas intenciones para su solución. El corazón económico de la región lo representan las empresas básicas, exhaustas por una mezcla de pasivos laborales, obsolescencia y malos manejos. Esta semana, la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas reveló que el monto global de los pasivos laborales era de 4 mil 38 millones de bolívares al 31 de julio de 2011.

Los contratos colectivos de Sidor, Alcasa, Venalum, Carbonorca, Bauxilum, Ferrominera Orinoco, CVG y Corpoelec cumplen varios años vencidos. Las empresas estatizadas en los últimos también mantienen desactualizados los beneficios contractuales de sus trabajadores.

Aunque el presidente Nicolás Maduro utilizó su pasado como dirigente sindical para ganar votos, se mantienen las presiones a la libertad sindical en Guayana. Se conservan activos los procesos judiciales contra varios trabajadores de Sidor y de FMO, como el del secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, acusado por participar en acciones de protestas motivadas por reclamos de orden laboral.
Frases de los representantes ejecutivos

Voceros sindicales han notado la rareza de una jornada de inspección en el sitio que no incluya consultas con la amplitud del movimiento sindical de Guayana. La última vez que ocurrió un encuentro entre el Gobierno central y representantes laborales de todas las tendencias fue en 2009. Por lo que la política de exclusión a sectores contestatarios es algo, que al menos con los sindicatos, el presidente Maduro ha mantenido de su extinto mentor político.

Desde la burbuja

Las visitas de los ministros y viceministros a comunidades del estado Bolívar se ha dado en condiciones minuciosamente controladas, que más que temores de seguridad, hace pensar en evitarles a los altos funcionarios interpelaciones incómodas del ciudadano de a pie, que se queja por fallas en los servicios básicos, por retardos en entrega de viviendas o por la escasez de productos alimentarios.

Como le ocurrió a un vecino del sector de Toro Muerto, a quien los escoltas del vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza le impidieron su derecho a palabra. Según reportó este diario el 23 de mayo, la persona pretendía invitar al segundo al mando en el Ejecutivo a que recorriera el sector para que viera los problemas en los servicios básicos, y no sólo se contentase con inaugurar seis edificios, culminados con siete años de atraso, e incompletos, porque aún faltan 22 torres por construir.

El Gobierno de calle en Bolívar también ha revelado el retorno de problemas que se creían conocidos por el Gobierno nacional, y que ya llevan varios años siendo evadidos por promesas de solución. Es el caso del longevo pasivo ambiental de las lagunas de oxidación de lodos rojos de CVG Bauxilum, que estuvieron constatando en el sitio el vicepresidente Arreaza, el presidente de la CVG, Carlos Osorio y el ministro del Ambiente Dante Rivas.

De acuerdo a la reseña de la prensa oficial, Arreaza se limitó a decir que “el gobierno ya se encuentra trabajando en su solución”. Quedó pendiente saber el presupuesto, el tiempo de ejecución y muchas más precisiones para que esto se considere más que una buena intención.

El problema del hacinamiento carcelario no es nuevo, pero las medidas del gobierno todavía no pasan del diagnóstico de la situación. Ese fue el propósito de la visita de la ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón, al módulo policial Ramón Eduardo Vizcaíno. En este centro de reclusión murió una mujer privada de libertad por dilaciones en el tratamiento médico, hace cuatro meses. Estos calabozos tienen una capacidad para 52 personas, pero las detenidas llegan a 78.

Ante este panorama que requiere atención inmediata, Tarazón dijo que “Estamos aquí para escuchar las críticas que nos tengan que hacer y dar soluciones. En nombre del presidente Nicolás Maduro: van a seguir contando con este gobierno para el funcionamiento del sistema penitenciario. Todas y todos estamos con el legado del comandante Chávez. Sabemos que hay cosas que no hemos hecho, la burocracia y el matraqueo son parte de una herencia del pasado”.

Hoy continúa el recorrido del Ejecutivo en el estado Bolívar, con la visita del ministro de las Comunas y Protección Social, Reinaldo Iturriza, y del ministro de la Juventud, Héctor Rodríguez.

El tren ministerial del presidente Nicolás Maduro salió de su nido para conocer las realidades del estado Bolívar. Los temas neurálgicos que agobian a la región: desde el callejón sin salida de las empresas básicas a las fallas en materia de servicios básicos, colapso eléctrico y desabastecimiento sólo consiguen esta pobre respuesta del segundo al mando en el país: “El gobierno ya se encuentra trabajando en su solución”. Mientras tanto, las comitivas ministeriales siguen su paseo tratando de remendar los errores que su propio gobierno cometió.