Rodríguez Chacín: La impunidad del (ex) ministro

Después de un tiempo de estar bajo perfil, Ramon Rodríguez Chacín vuelve a protagonizar los titulares de prensa como flamante vocero electoral por el partido oficial PSUV. Como los venezolanos y venezolanas somos de memoria de corta duración, reproducimos el relato de la participación de Chacín en la Masacre de El Amparo extraído del libro "Venezuela, la revolución como espectáculo. Una crítica anarquista del gobierno bolivariano". 

Venezuela y Colombia comparten 2.216 kilómetros de frontera. Del lado venezolano, tres estados diferentes se reparten dicho privilegio: al norte el estado Zulia, rico en yacimientos petroleros, gaseosos y carboníferos; más abajo el estado Táchira, un siglo atrás epicentro de la producción cafetalera para exportación, actividad agrícola que dejó algunas tímidas secuelas; y, al sur el estado Apure, inicio de los llanos venezolanos, región caracterizada por su ganadería, su amplia extensión territorial y su rica biodiversidad. En esta infinita sabana de verdes se desarrolla la obra literaria más conocida de Venezuela, Doña Bárbara (1929) de Rómulo Gallegos, quien en su prólogo la describe de la mejor manera que se puede expresar:

“Sol abrasador y lluvia copiosa, con todo el estruendoso aparato de una tormenta llanera, donde entre  nublado y sabana un solo trueno no tiene cuando acabar, me acompañaron por el trayecto -uno cualquiera de los mil caminos que ofrece la llanura- cual para demostrarme desde un principio, repartiéndose el día, cómo acostumbraban dividirse equitativamente todo el año, mitad sabana seca, con espejismos de aguas ilusorias atormentadores de la sed del caminante, y mitad aguas extendidas, de   monte a monte en los ríos, de cielo a cielo en los esteros (…) El ancho río, el cálido ambiente llanero, de  aire y de cordialidad humana. Alguna ceja de palmar allá en el horizonte, tal vez un relincho de caballo salvaje a lo lejos, respondiéndole quizás a un bramido de toro más o menos cimarrón y, por qué no   también, cerca de nosotros, un melancólico canto de soisola. El llano es todo eso: inmensidad, bravura y      melancolía (…) Tierra ancha y tendida, toda horizontes como la esperanza, toda caminos como la  voluntad”[1].

La capital del estado Apure es San Fernando, y se encuentra dividida territorialmente en siete municipios, de los cuales, uno termina en el Río Arauca, frontera natural entre Colombia y Venezuela. El Municipio Páez tiene como sus pueblos más importantes a Guasdualito, Palmarito, El Nula, la Victoria y El Amparo. A pesar de contar con el 8.35% de la extensión territorial del país, en Apure viven, según el último censo realizado en el año 2000, menos de medio millón de habitantes, 466.931 personas, convirtiéndolo  en el sexto estado con menor población del país[2]. Por su parte el Municipio Páez representa el 15% del total de los límites entre Venezuela y Colombia.

En 1987, fecha de inicio de esta historia, un informe estatal del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia diagnosticaba las necesidades de la zona: falta de electrificación y de infraestructuras que estimulen actividades productivas, elevado déficit de instalaciones educativas e inadecuación de los planes de estudio a la realidad social y cultural de la población, falta de viviendas adecuadas para los habitantes, ausencia de equipamiento y cobertura de los servicios médico-asistenciales, alta incidencia de enfermedades endémicas como el paludismo y la fiebre amarilla, crónicos problemas de desnutrición, etc. Los datos evidenciaban un municipio con dramáticas carencias a nivel de servicios básicos, falta de un mínimo desarrollo del sistema educativo regional y una situación de salud que reflejaba el abandono por parte de los programas estatales. En contraste, el 59,5% de la tierra se encontraba en propiedad de 6.3% de los productores[3].

El 28 de octubre de 1987, el entonces Presidente de la República Jaime Lusinchi firmaba el decreto 1810 mediante el cual se creaba el Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) con el fin de “garantizar la integridad de la Frontera Terrestre en su jurisdicción y planificar, organizar y ejecutar operaciones orientadas a combatir y erradicar el narcotráfico, la subversión, el contrabando y el hampa común en la franja limítrofe sur-occidental”[4]. Este Comando dependía directamente del Presidente de la República y, en términos operativos, del Ministerio de la Defensa, quedando conformado por unidades de los cuatro componentes que integraban las Fuerzas Armadas venezolanas (Ejercito, Armada, Aviación y Marina), junto a los representantes de los organismos de seguridad del Estado: Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (DIM), Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Dirección General Sectorial de Identificación y Extranjería (DIEX) y Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ).

Entre el 16 de enero y el 6 de octubre de 1988 el CEJAP reporta 6 “enfrentamientos” con la “guerrilla colombiana”, en el que murieron por lo menos 20 “guerrilleros”. Los operativos del comando se cumplen con una inusitada eficiencia, donde el bando militar-policial no sufre ninguna baja y desmantela por completo los planes subversivos del enemigo. Para el 29 de octubre el CEJAP planifica lo que sería su mayor victoria, operación denominada Anguila III. Tras una emboscada realizada en el Caño La Colorada, cercano a la población de El Amparo, el CEJAP asesina a 14 personas[5], las cuales en apenas dos horas fueron presentadas en los medios de comunicación como guerrilleros colombianos que intentaban dinamitar el campo petrolero Guafitas de Apure. No obstante, a diferencia de las acciones anteriores, la operación deja con vida a dos sobrevivientes, quienes protegidos por el pueblo de El Amparo, cuentan una versión opuesta diametralmente a la gubernamental. Las averiguaciones posteriores confirman lo dicho por los sobrevivientes: la autopsia revela que todos habían muerto de disparos por la espalda, y la mayoría, por tiros de gracia. La escena del crimen se había manipulado, los cadáveres vestidos apresuradamente con ropas de guerrilleros y sembrados de armas que nunca dispararon. Se desvanece la hipótesis del enfrentamiento y toma fuerza el de la masacre. A pesar de que las víctimas eran civiles, las investigaciones del crimen se realizaron a través de la justicia militar. Provea, una organización de derechos humanos que tenía un mes de fundada y que se incorporó a la defensa de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, afirmó: “En el caso de la masacre de El Amparo, la actuación de los integrantes de los tribunales, consejos de guerra y cortes marciales que lo procesaron se orientó al claro propósito de producir impunidad. Salvo contadas excepciones -que las hubo- los fiscales militares y jueces cometieron un sinnúmero de irregularidades con la finalidad de favorecer a los masacradores”[6]. El caso es llevado a instancias internacionales, y el 18 de enero de 1995 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicta su primera sentencia en contra del Estado venezolano, responsabilizándolo de haber asesinado a 14 inocentes pescadores. El gobierno asume la sentencia, con lo que reconoce su culpabilidad, cumpliendo parcialmente lo ordenado por el CIDH: indemniza a los familiares de las víctimas, pero sin castigar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.

La Masacre de El Amparo se convirtió, junto a la represión militar del 27 de febrero de 1989 –el Caracazo- en un caso emblemático de violación a los derechos humanos de la década de los 80´s. Además, reveló el siniestro modus operandi realizado por el CEJAP, repetido décadas después por el Ejército Colombiano de Alvaro Uribe en los casos denominados falsos positivos: asesinar personas inocentes para presentarlos a la opinión pública como guerrilleros. Una de las hipótesis sobre las motivaciones del CEJAP era crear la apariencia del incremento del control guerrillero en la zona. De esta manera se estimulaba una sensación de inseguridad, la cual estimulaba el negocio de vigilancia y protección privada a los ganaderos y latifundistas que era controlado por algunos de los altos funcionarios del CEJAP. Otra teoría apunta crear las condiciones para que uno de los voceros del comando ocupara a futuro el cargo de Ministro de la Defensa[7]. ¿Qué tiene que ver este crimen, ocurrido diez años antes que Hugo Chávez llegara al poder, con el proceso bolivariano? En que uno de sus autores intelectuales ha desempeñado, en dos ocasiones, el cargo de Ministro de Interior y Justicia.

Tres días antes de la Masacre de El Amparo, el 25 de octubre de 1988, un helicóptero del CEJAP se estrella mientras realizaba labores de inteligencia. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, comisario Henry López Sisco. En el resto de la maltrecha tripulación se encontraba un funcionario de la marina de menor perfil: el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de estar presentes en Anguila III, una operación ejecutada finalmente por 19 funcionarios del Ejército, la Disip y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La participación intelectual de Rodríguez Chacín en la matanza del Caño La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes del caso, número 1644, folios 42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente del Táchira. Henry Salinas, inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaraba ante la justicia militar que "fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron días después a "Hipólito" –alias del inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes- y a mí para hablar, una vez más, de preparar ese enfrentamiento". Si el helicóptero no se hubiera estrellado, es posible, como ocurrió en las operaciones anteriores, que Chacín se involucrara directamente en el hecho. Efectivamente, las actuaciones del CEJAP anteriores al Caño La Colorada, genéricamente reunidas bajo el nombre de Los Amparitos,  señalan una participación directa de Chacín en sus crímenes. Entre estos operativos tenemos a Isla de Charo, 16 de enero de 1988, que acabó con la vida de 10 personas; Caño Las Gaviotas, 22 de abril de 1988, 2 personas; Los Totumitos, 08 de Julio de 1988, 5 personas;  y El Vallado, 06 de octubre de 1988, 3 personas. Es por ello que el 20 de junio de 1994 una sentencia de la Corte Marcial que investigaba las actuaciones del comando, presidida por el General Ubaldo López Barrios, dictara un auto de detención contra 11 funcionarios por su participación material en Los Amparitos. Uno de ellos era el Comisario Henry López Sisco (quien años después sería asesor de seguridad del gobernador del Zulia, opositor al presidente Chávez, Manuel Rosales), otro para el Capitán Rodríguez Chacín[8].

En el año 2002,  Ramón Rodríguez Chacín fue designado Ministro de Interior y Justicia, cargo que ejerció durante varios meses. En diciembre de 2007 fue designado Coordinador Especial de la Operación Emmanuel, nombre del hijo de la política secuestrada colombiana Clara Rojas nacido en cautiverio por la guerrilla colombiana FARC. El 4 de enero de 2008 es nombrado nuevamente como Ministro del Interior y Justicia, cargo que ejerce hasta el mes de septiembre siguiente. Cuando este texto se finalizó, realizaba funciones dentro de la Comisión Coordinadora del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), principal organización partidista gubernamental.

En julio de 2008 el autor de estas líneas realizó dos viajes a El Amparo para producir un documental que recordara los 20 años de impunidad de la masacre del Caño La Colorada, viajando 14 horas a través de la única línea de autobús que hace el trayecto Caracas-Guasdualito, y desde este poblado, 30 minutos en taxi hasta El Amparo, una comunidad de 9.000 habitantes congelado en el tiempo. En ese momento Rodríguez Chacín ejercía por segunda vez sus funciones ministeriales. Todos los encuentros, conversaciones y entrevistas con los familiares de las víctimas y con los dos sobrevivientes recordaban a este funcionario. La mayoría de ellos y ellas no ocultaban su simpatía con el gobierno del presidente Chávez. Sin embargo, no dejaban de preguntarme el por qué la revolución bolivariana colocaba a un asesino, precisamente, como Ministro de Justicia. En aquel calor de 34 grados centígrados, aquello sonaba como una metáfora.

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[1] Breve introducción escrita por Rómulo Gallegos para la edición conmemorativa de los veinticinco años de Doña Bárbara, Fondo de Cultura Económica, México, 1954. Uno de más raros e interesantes  testimonios del novelista en relación con su propia obra.

[2] Gobierno en línea, estado Apure. (en línea) (vi: julio 2009) disponible en Internet en: http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/venezuela/perfil_apure.html

[3] Provea,  Las estrategias de la impunidad. Nueve años de lucha por la justicia en El Amparo,  Provea, Caracas, 1997.

[4] Ibid.

[5] Estas 14 personas fueron: José Indalecio Guerrero, José Ramón Puerta, Rigo Jose Araujo, Rafael Magín Moreno, Emeterio Marino Vivas, Julio Pastor Ceballos, Luis Alfredo Berrios, Arín Maldonado, Justo Pastor Mercado, José Gregorio Torrealba, José Mariano Torrealba, Moisés Antonio Blanco, Pedro Indalecio Mosquera y Carlos Antonio Eregua.

[6] Provea,  Masacre de El Amparo, 20 años de impunidad. Provea, Caracas,  2009.

[7] Ibid.

[8] El Libertario,  Rodríguez Chacín: Ministro del Poder Popular para la Impunidad. El Libertario, nº 54, septiembre-octubre,  2008.