Por Correpi
La represión selectiva, la que caracterizamos como aquella que el Estado descarga sobre los que se organizan y luchan contra la explotación, tiene varias formas de ser aplicada según las circunstancias específicas de cada caso y de lo que requiera el poder para cada necesidad. El objetivo siempre es el mismo: frenar la lucha y disciplinar a los trabajadores para que agachen la cabeza y acepten la explotación.
La represión selectiva, la que caracterizamos como aquella que el Estado descarga sobre los que se organizan y luchan contra la explotación, tiene varias formas de ser aplicada según las circunstancias específicas de cada caso y de lo que requiera el poder para cada necesidad. El objetivo siempre es el mismo: frenar la lucha y disciplinar a los trabajadores para que agachen la cabeza y acepten la explotación.
En este caso tenemos el ejemplo de dos formas diferentes de
aplicar esta política: por una parte, la desaparición de Daniel Solano en
Choele Choel y por otra la criminalización de la protesta que sufre la
comunidad de Indio Colalao, donde la justicia libró órdenes de detención para
25 integrantes de esta comunidad en Tucumán, misma provincia donde la policía
asesinó al dirigente indígena de 68 años, Javier Chocobar.
Daniel Francisco Solano desapareció el 5 de noviembre de
2011 en la localidad rionegrina de Choele Choel. Había viajado desde Salta, de
donde era oriundo, para trabajar en la cosecha de frutas. La explotación
sufrida, las precarias condiciones de trabajo y vivienda y la paga miserable lo
llevaron a organizarse contra la patronal de Agro Cosecha, pata local de la
multinacional Expofrut. Fue elegido delegado por sus compañeros y estaba
impulsando una huelga a la que iban a adherir 250 de los 300 trabajadores
golondrinas que trabajaban con él. En un principio, la patronal intentó
comprarlo como alcahuete de sus compañeros. Ante la negativa de Daniel, se planificó
su desaparición en Macuba, un boliche de la zona, donde dos testigos vieron
como cuatro policías lo golpeaban y subían a un móvil. Estos dos testigos, una
pareja que iba en moto, siguió al patrullero hasta un descampado, donde Daniel
fue subido a otro vehículo en el que iban tres policías de civil y ahí les
perdieron el rastro.
Cuando esta pareja se dirigió a la comisaría a hacer la
denuncia, vieron que dos de los policías que estaban ahí, eran los mismos que
habían levantado a Daniel. A partir de ese momento, comenzaron a recibir
amenazas, al igual que la familia de Daniel Solano, que se trasladó a Choele
Choel para buscar su cuerpo y exigir justicia.
El padre de Daniel permanece en Río Negro, y levantó, junto
con la solidaridad de los vecinos, nucleados en la Comisión Solidaridad
y apoyo a la familia Solano, una carpa para continuar denunciando lo que pasó
con Daniel y lo que sufren los jóvenes cotidianamente: aprietes, torturas y
detenciones arbitrarias. Gualberto Solano se encadenó en la fiscalía y realizó
una huelga de hambre para exigir la detención de los policías Sandro Berthe,
Pablo Bender, Juan Barrera, Diego Cuello, Héctor Martínez, Pablo Albarrán y
Roberto Quidel, todos ellos implicados materialmente en el secuestro y torturas
de Daniel. En total hay 22 policías imputados y desde la familia se exige que
se investiguen las responsabilidades de la empresa y se busque al que entregó a
Daniel. La única respuesta que obtuvo la familia por parte del gobernador de
Río Negro, Alberto Weretilneck, fue la orden de que levanten el campamento.
En Tucumán, el fiscal Guillermo Herrera ordenó la detención
de 25 comuneros de Indio Colalao a pedido del terrateniente Fredy Moreno Núñez
Vela. La comunidad viene llevando a cabo desde hace tiempo una lucha contra el
avance sojero sobre sus tierras y esta medida, claramente, es un intento de
amedrentamiento para que la comunidad abandone la lucha. El gobierno
kirchnerista de Alperovich echa mano a todas las herramientas que el menú
represivo le ofrece: desalojos, asesinatos y en este caso el código penal. Bien
le vino enviar a su gabinete a la Reunión Plenaria del Consejo de Seguridad
Nacional (ver boletín N° 602) para saber que herramienta aplicar según el caso.
La política es la misma, lo que cambia es la herramienta. En
Río Negro se recurrió a la desaparición y en Tucumán al poder judicial. Lo que
representan también es lo mismo: los intereses de los explotadores:
terratenientes, multinacionales y pooles sojeros. Al igual que el gatillo fácil
y las torturas en lugares de detención, es una política de Estado, ejecutada
por sus empleados: policías, jueces y fiscales. Nuestra respuesta por ello, no
puede ser otra que la organización y lucha.
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