Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que suscriben este
documento, hemos señalado reiteradamente que uno de los principales
factores que ha elevado el delito y los homicidios en Lara, es el
aumento de la impunidad y la complicidad delictiva al interior de los
organismos de seguridad pública en complicidad con los tribunales del
Estado. En esa misma hoy denunciamos:
Primero. En los procesos de selección y capacitación de la nueva
Policía Nacional existe una significativa presencia de funcionarios
policiales con prontuarios delictivos.
En efecto, en la
Academia de Policía del Estado Lara se está realizando un curso avalado
por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) con
derecho a beca y sueldo, para egresar Técnicos Superiores Universitarios
(TSU) como Instructores en Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza y
Uso de la Fuerza Potencialmente Mortal, los cuales van a asumir
responsabilidades docentes en la capacitación del personal que será
seleccionado como agentes policiales de la nueva Policía Nacional. Tales
iniciativas se enmarcan en la conformación de un denominado por el
gobierno “Nuevo Modelo Policial”; sin embargo, de los 106 funcionarios
que participan en este curso, 19 (20%) tienen expedientes penales
abiertos en fiscalías y tribunales de la entidad imputados por diversos
delitos, desde la participación en graves irregularidades
administrativas hasta violaciones a derechos humanos de la población.
Dado que uno de los requisitos exigidos para ser seleccionado en el
curso señalado es “No tener abiertas averiguaciones penales ni
administrativas”, le formulamos a los altos mandos políticos y
policiales del país y de Lara las siguientes interrogantes:
¿Cómo se está seleccionando a los participantes de estos cursos y
cómo fue posible que ingresaran agentes con expedientes delictivos
abiertos? ¿Se aspira formar agentes policiales que respeten los Derechos
Humanos bajo la instrucción de docentes policiales con prontuarios
delictivos?
¿Se puede crear un “Nuevo Modelo Policial” con instructores que han
violado Derechos Humanos y se encuentran bajo procesos penales?
Las
respuestas a estas preguntas apuntan hacia la actuación de un núcleo de
poder político y militar, dirigido por altos funcionarios del Estado,
que en nuestra entidad actúa impunemente desde el periodo del gobernador
Reyes Reyes y del General Rodríguez Figuera diligentemente para
proteger y favorecer a agentes policiales y militares incursos en
delitos, beneficiándolos con vacaciones adelantadas reposos
psiquiátricos, becas de estudio, cursos, etc. para que “vacacionen” al
correr riesgos de destitución, sanción disciplinaria interna ó ser
investigados por el Ministerio Público y juzgados por los tribunales.
Segundo. Denunciamos las presiones que se están ejerciendo sobre
la Fiscalía 21 de Derechos Fundamentales por haber asumido sus
obligaciones con diligencia para sustanciar casos de funcionarios
policiales del estado Lara. Estas presiones buscan revertir las
decisiones condenatorias de 19 agentes policiales adoptadas por los
tribunales penales, en este caso de actuación excepcional de un
deteriorado sistema de administración de justicia que sentenció sólo
después de una permanente movilización de familiares de las víctimas y
comunidades. No obstante hasta la fecha estos funcionarios son
resguardados en la comandancia de la 30 en abierto desacato a las leyes,
lo que de hecho significa que tales sentencias no han sido ejecutadas.
Por estas razones convocamos a las organizaciones sociales,
gremiales, sindicales, vecinales a enfrentar unidos este cuadro de
descomposición institucional del sistema policial y judicial, a
denunciar la violencia y la impunidad y a continuar exigiendo justicia
ante los órganos del Estado responsables. En esta dirección invitamos a
la población larense y sus diversas organizaciones a protestar en la
Plaza de la (In)Justicia el próximo lunes 19 de septiembre a las 9am,
día de reinicio del trabajo de los tribunales, exigiendo celeridad
procesal, destitución de fiscales y jueces incursos en delitos y su
selección por concursos, sentencias a funcionarios policiales y
militares que han violado el derecho a la vida, destitución de agentes
policiales y militares con expedientes penales abiertos y expulsión de
todo cuerpo de seguridad del Estado.
¡RECLAMAMOS EXPULSIÓN Y SANCIÓN DE POLICÍAS HOMICIDAS. NO A SU CONVERSIÓN EN INSTRUCTORES DE LA POLICÍA NACIONAL!
LOS POLICIAS DELINCUENTES Y ASESINOS A LAS CARCELES
¡FORTALEZCAMOS LA LUCHA SOCIAL UNITARIA CONTRA LA VIOLENCIA, LA INSEGURIDAD PÚBLICA Y LA IMPUNIDAD!
Suscriben:
- FRENTE CLASISTA DEFENSA DDHH ARGIMIRO GABALDÓN
- MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS CONTRA LA VIOLENCIA E IMPUNIDAD
- CÁTEDRA LIBRE DE DDHH DE LA UCLA
- COMITÉ DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD DEL ESTADO LARA.
- FAMILIA Y AMIGOS DE CARLOS JAVIER ( ARENALES)

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