El 31 de mayo del 2010, un Estado asiático atacó en aguas internacionales a un barco mercante con bandera de un país de la OTAN y asesinó a varios de sus inermes pasajeros. Durante el asalto, los piratas, pertrechados con la última tecnología bélica, no tuvieron ningún herido, ni siquiera leve. Después de la matanza y cumpliendo órdenes de los cabecillas de una banda terrorista, los piratas secuestraron el barco. En la comodidad de su cubil, desvalijaron el cargamento de la nave –valorado en 20 millones de US$- y, amén de torturarlos, encarcelaron sin juicio previo a todos los pasajeros –más de 600-. Días después y previo robo de todas sus pertenencias personales, el país terrorista los liberó sin formular cargos o con cargos extravagantes no contemplados en ninguna legislación internacional ni nacional. Según fuentes fidedignas, en el contrato del rescate se incluyó una cláusula de impunidad.
Todas las víctimas mortales eran ciudadanos de países de la OTAN y, además, pertenecían a un Estado con vinculación especial a la Unión Europea. Los pasajeros eran connotados intelectuales y funcionarios de organismos internacionales tanto estatales como no gubernamentales. Ni la tripulación ni el pasaje tenían el menor vínculo con ningún estamento militar o de inteligencia. En el barco viajaban mujeres, ancianos y hasta niños. Su cargamento era ayuda humanitaria urgente sin fines de lucro. Desde antes de zarpar del último puerto, su ruta era mundialmente pública y notoria.
Los asesinatos en serie contaron con todos los agravantes codificados por la ley, siendo los más notorios los de premeditación, alevosía, abusos de fuerza y de confianza, nocturnidad y desprecio de sexo y de edad. Los subsiguientes saqueos, torturas, encarcelaciones y deportaciones no contaron con una mínima garantía jurídica. Además, los asesinatos se perpetraron mediante métodos tan atroces como arrojamientos al mar y múltiples tiros con arma de guerra a quemarropa, en la nuca, en la cara y en la espalda.
La multi-reincidencia fue otro de los agravantes principales pues el país pirata ya contaba con un colosal expediente de gravísimos delitos cometidos en aguas internacionales -piraterías caracterizadas tanto por la frialdad con la que son ejecutadas como por la impunidad de la que siempre han gozado-.
Ahora bien, ¿piratas? Puntualicemos: no son piratas propiamente hablando sino corsarios puesto que por ‘pirata’ se entiende al pequeño empresario autónomo -y apátrida-, mientras que el término ‘corsario’ designa a funcionarios que actúan bajo la bandera de un Estado que les protege concediéndoles una patente de corso.
¿De qué corsarios asiáticos estamos hablando? Ahora no recuerdo su nacionalidad y necesito saberlo para informar a la OTAN, UE y EEUU de manera que esas potencias –pobrecitas ignorantes hasta ahora-, adopten alguna medida. Sólo sé que no son piratas berberiscos ni tampoco los piratas anglosajones que pusieron a un ‘sultán blanco’ en el trono de Brunei ni siquiera los crudelísimos malayos que popularizó Salgari. Enfin, no consigo retener el nombre de ese Estado asiático que expide patentes de corso a troche y moche. Si usted lo sabe, dígamelo. Gracias.
Antonio PÉREZ, el Otro
07.junio.2010
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