Venezuela: Sobre las FAES, verdugos del terrorismo de Estado // FAES, bourreaux du terrorismo d' État (español // français)

Redacción

El 15 de marzo se realiza una Jornada Internacional Contra la Brutalidad Policíaca, iniciativa que por 24 años viene impulsando el Collectif Opposé à la Brutalité Policiere (COBP) desde Canada. En el marco de esta actividad se publica el número anual de la revista multilingüe État policier, que este año incluye un reporte elaborado por el Colectivo de El Libertario acerca de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, cuerpo represivo que hoy en día es el ejemplo por antonomasia de la brutalidad policial en el país. Se reproduce a continuación ese trabajo, seguidoo de su traducción al francés realizada por l@s compas del COBP. La ediciuón 2020 de État policier y más información sobre el COBP son accesibles en su website https://cobp.resist.ca/en (en inglés) o  https://cobp.resist.ca/fr  (en francés).

     FAES: Los verdugos policiales del terrorismo de Estado en Venezuela

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron creadas el 26 de abril de 2016 y activadas el 14 de julio de 2017, por decreto de Nicolás Maduro, “para combatir el crimen y el terrorismo”. Inició con una nómina de 80 funcionarios. Para enero de 2019, tenía en sus filas 1.417 uniformados, hombres y mujeres. El auge de este grupo representa un caso patente de crecimiento acelerado y desmedido de un cuerpo represivo, tal y cómo lo requiere una dictadura del siglo XXI. El caso de la PNB en conjunto es emblemático: en 2012, apenas a tres años de su creación contaba con 6.707 efectivos y dos años después, había alcanzado 14.739 integrantes. Para que esto ocurra en un lapso tan breve se relajan los presumidos  criterios de reclutamiento. De esta manera salen a la calle miles de represores armados, pues así lo requiere la preservación de un gobierno autoritario. Aunque teóricamente las FAES existen para enfrentar la delincuencia respetando las normas legales, sus operativos son al estilo de “escuadrón de la muerte” y en otros cuerpos policiales hay numerosas denuncias por homicidio, robo, hurto y cobro de extorsión cometidos por funcionarios activos de las FAES, acusaciones que también reposan en el Ministerio Público (MP), pero por supuesto sin que se les haga mayor caso. Especialistas en DDHH denominan a este tipo de acciones “masacre por goteo”, lo cual se refiere a “toda práctica de homicidio de un número considerable de personas por parte de agentes de un Estado o de un grupo organizado con control territorial, de modo directa o con clara complacencia de estos, llevada a cabo en forma conjunta o continuada”.

En las barriadas de Caracas y el resto del país les temen a las camionetas negras blindadas con sus siglas. Sus acciones tienen puntos en común: apuntan a hombres jóvenes, los matan de pocos disparos y simulan enfrentamientos. Las FAES han intervenido varios sectores populares caraqueños: El Valle, Los Jardines del Valle, Catia, Petare, Las Adjuntas, Mamera, La Vega. A su paso han dejado muerte y actuaciones violentas: asesinan de uno o dos disparos a hombres jóvenes, califican los hechos de enfrentamiento y allanan de madrugada. En los últimos dos años en la Medicatura Forense de Caracas se ha hecho costumbre recibir denuncias de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las FAES y de la PNB en su conjunto, fuerza policial que tuvo sus inicios en 2009 y fue adjetivada por el fallecido gobernante Hugo Chávez como “la policía humanista que está aquí para defender al pueblo”. Al compararla con la anterior Policía Metropolitana, Chávez aseguró que “se acabó la policía que reprimía al pueblo”. Sin embargo, 10 años después el proyecto del hombre que gobernó el país hasta 2013 es sinónimo de miedo, golpes, puertas rotas y disparos a quemarropa, a pesar de que en la Constitución venezolana no se establece la pena de muerte.

Además de sus prácticas homicidas, otro factor de la acción de las FAES es generar terror en las mentes de madres, padres, abuelos, tíos, hermanos y familiares de sus víctimas que habitan en barriadas. Cuando llegan camionetas blindadas con hombres vestidos de negro, con capucha y mostrando armas de guerra “los niños corren y guardan sus pertenencias, pues saben que además de matar esos asesinos se llevan todo lo que encuentran a su paso”. La mayoría de las incursiones ocurren en la noche o en horas de la madrugada; la perversa razón es la toma militar de los barrios cual si se tratase de territorio enemigo donde las FAES actúan como un ejército de ocupación y generalmente va a “cazar” a sus objetivos. Su entrenamiento y formas de proceder son en esencia militares, La supuesta lógica de seguridad ciudadana en la que se debe prevenir o detener en el marco de la legalidad a los delincuentes no existe para ellos, pues entienden que tienen que llegar y “dar de baja” a “elementos” que no son personas sino enemigos.

Según sistemáticos estudios del profesor universitario Keymer Ávila (que por ello ha sido estigmatizado por voceros oficiales), en 2010 las muertes en manos de las fuerzas de seguridad representaban el 4% del total de los homicidios en el país, años después, en 2017 llegó a ocupar el 26%. Es decir, que en 3 de cada 10 homicidios ocurridos en el país están involucrados los cuerpos represivos del Estado. El mismo investigador ha señalado que diversas fuentes apuntan a que este porcentaje se ha incrementado en los años posteriores y también apuntaba lo siguiente en una declaración a la prensa a mediados de 2019: “Del seguimiento que hemos hecho entre los años 2016 y 2017 la PNB abarcó durante 2017 aproximadamente un 32% del total de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Según cifras oficiales, en 2017 murieron 4.998 personas por intervención de la fuerza pública, es decir, unas 14 personas al día. Lo que opera en el país es una masacre por goteo, de la cual las FAES de la PNB son una pieza clave. Si tomamos estas cifras pudiera estimarse que, posiblemente, las víctimas de la PNB aproximadamente rondaron las 1.500 personas, que es la cifra que representa el 30% del total nacional.”. Según los datos de las investigaciones de Ávila, al considerar las muertes en los “enfrentamientos” con delincuentes que la policía alega para justificar las víctimas que causa, la relación es de 122 víctimas civiles por cada funcionario fallecido.

Una investigación de la ONG Proiuris determinó que 85% de los llamados “enfrentamientos” entre presuntos delincuentes y cuerpos represivos no son debidamente notificados al Ministerio Público, por lo que estos hechos quedan impunes. En el estudio analizan procedimientos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018, en los cuales se usan los eufemismos “abatido”, “neutralizado”, “dado de baja” o “caído” en las minutas policiales. En el marco de estos procedimientos, 171 personas fueron asesinadas, pero sus muertes no se registraron como homicidios, sino como casos de “resistencia a la autoridad”. De acuerdo a informes de la ONG Cofavic, entre 2012 y 2018 se han reportado 9.530 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en toda Venezuela. La organización detectó que entre 2017 y 2018 los casos de muertes en operativos policiales han sido 3.684. 90% de las víctimas de la represión son hombres, 81% no superan los 25 años. La gran mayoría de esos crímenes se cometen en sectores en donde residen personas de escasos recursos. Esto demuestra que no son “hechos aislados”, sino que ocurren de manera sistemática y tienen un elemento común y transversal: la impunidad institucional.

Basándose en las pocas (y cuestionables) cifras oficiales, proporcionadas con reticencia a la oficina de la ACNUDH (Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas), en 2018 el 33% de los homicidios ocurridos en el país fueron consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. 5.287 víctimas, pertenecientes a las clases populares, muertas por la acción policial. Es decir, que en Venezuela cada día mueren 15 personas a manos de la represión. Los muertos son  en 98 % hombres, jóvenes de una edad promedio de 26 años, de origen humilde. Al menos 7% son adolescentes y niños. Algunos de los casos en los que resultan niños fallecidos se deben a balas perdidas disparadas de manera indiscriminada por lo policía. Casi 70% no poseía ningún tipo de antecedente penal o policial, o no se ofrece información alguna al respecto. Apenas 9% se encontraban solicitados por los tribunales. Más de la mitad (56%) fueron señalados de estar involucrados con delitos de menor cuantía o violencia (como desacato a la autoridad). Solamente a 6% de los fallecidos se les vinculaba con delitos graves (homicidios, secuestros, porte o tráfico de armas, violación).


    FAES:Les bourreaux policiers du terrorismo d' État au Venezuela

Les Forces d'action spéciales (FAES) de la Police nationale bolivarienne (PNB) ont été créées le 26 avril 2016 et activées le 14 juillet 2017, par décret de Nicolás Maduro, "pour lutter contre la criminalité et le terrorisme". Elle a commencé avec une masse salariale de 80 officiers. En janvier 2019, elle comptait 1 417 hommes et femmes en uniforme dans ses rangs. La montée de ce groupe représente un cas évident de croissance accélérée et excessive d'un corps répressif, comme l'exige une dictature du XXIe siècle. Le cas du PNB dans son ensemble est emblématique : en 2012, à peine trois ans après sa création, il comptait 6 707 membres et deux ans plus tard, il atteignait 14 739. Pour que cela se produise dans un délai aussi court, les critères de recrutement présumés sont assouplis. Ainsi, des milliers de répresseurs armés descendent dans la rue, comme l'exige la préservation d'un gouvernement autoritaire. Bien que les FAES existent théoriquement pour lutter contre la criminalité tout en respectant les normes légales, leurs opérations se déroulent à la manière d'un "escadron de la mort" et dans d'autres forces de police, il y a de nombreuses plaintes pour homicide, vol, vol et extorsion commis par des fonctionnaires actifs des FAES, accusations qui relèvent également du ministère public (MP), mais bien sûr sans qu'on leur accorde beaucoup d'attention. Les spécialistes des droits de l'homme appellent ce type d'action "massacre au compte-gouttes", qui désigne "toute pratique d'homicide d'un nombre considérable de personnes par des agents d'un État ou d'un groupe organisé ayant un contrôle territorial, soit directement, soit avec une claire complaisance de leur part, effectuée conjointement ou de façon continue".

Dans les bidonvilles de Caracas et dans le reste du pays, ils craignent les voitures blindées noires portant leurs initiales. Leurs actions ont des points communs : elles ciblent les jeunes hommes, les tuent de quelques coups de feu et simulent des affrontements. Les FAES sont intervenus dans plusieurs secteurs populaires de Caracas : El Valle, Los Jardines del Valle, Catia, Petare, Las Adjuntas, Mamera, La Vega. Ils ont laissé la mort et des actions similaires dans leur sillage : ils tuent des jeunes hommes d'un ou deux coups de feu, appellent les événements des confrontations et des raids aux premières heures du matin. Au cours des deux dernières années, le Bureau de médecine légale de Caracas s'est habitué à recevoir des rapports d'exécutions extrajudiciaires par des membres de la FAES et du GNP dans son ensemble, une force de police qui a commencé en 2009 et qui a été décrite par le défunt président Hugo Chávez comme "la police humaniste qui est là pour défendre le peuple". En comparant avec la précédente police métropolitaine, Chavez a déclaré que "la police qui réprimait le peuple est terminée. Cependant, dix ans plus tard, le projet de l'homme qui a dirigé le pays jusqu'en 2013 est synonyme de peur, de coups, de portes cassées et de coups de feu à bout portant, bien que la Constitution vénézuélienne n'établisse pas la peine de mort.

En plus de leurs pratiques homicides, un autre facteur de l'action des FAES est de générer la terreur dans l'esprit des mères, des pères, des grands-parents, des oncles, des frères et des parents de leurs victimes qui vivent dans des bidonvilles. Lorsque des camions blindés arrivent avec des hommes habillés de noir, avec des cagoules et exhibant des armes de guerre, "les enfants courent et gardent leurs biens, car ils savent qu'en plus de tuer ces meurtriers, ils prennent tout sur leur passage ». La plupart des raids ont lieu la nuit ou aux premières heures du matin ; la raison perverse est la prise de contrôle militaire des quartiers comme s'il s'agissait d'un territoireennemi où la FAES agit comme une armée d'occupation et va généralement "chasser" leurs cibles. Son entrainement et manière de procéder sont essentiellement militaires. La prétendue logique de la sécurité des citoyens dans laquelle les criminels doivent être empêchés ou détenus dans le cadre de la loi n'existe pas pour eux, car ils comprennent qu'ils doivent atteindre et "décharger" des "éléments" qui ne sont pas des personnes mais des ennemis.

Selon les études systématiques du professeur d'université Keymer Ávila (qui a donc été stigmatisé par les porte-parole officiels), en 2010, les décès aux mains des forces de sécurité représentaient 4 % du total des homicides dans le pays, des années plus tard, en 2017, il atteignait 26 %. En d'autres termes, dans trois homicides sur dix dans le pays, les organes répressifs de l'État sont impliqués. Le même chercheur a souligné que diverses sources suggèrent que ce pourcentage a augmenté au cours des années suivantes et a également noté ce qui suit dans une déclaration à la presse à la mi-2019 : "D'après le suivi que nous avons effectué entre 2016 et 2017, le PNB en 2017 a couvert environ 32% du nombre total de décès aux mains des forces de sécurité de l'État. Selon les chiffres officiels, 4 998 personnes sont mortes en 2017 suite à l'intervention des forces publiques, soit environ 14 personnes par jour. Ce qui se passe dans le pays est un massacre au compte-goutte, dont les FAES du PNB sont un élément clé. Si l'on prend ces chiffres, on peut estimer que les victimes du PNB étaient peut-être environ 1 500 personnes, ce qui représente 30 % du total national". Selon les données des enquêtes d'Avila, si l'on considère les décès lors de "confrontations" avec des délinquants que la police prétend justifier les victimes qu'ils provoquent, le ratio est de 122 victimes civiles pour chaque fonctionnaire tué.

Une enquête menée par l'ONG Proiuris a révélé que 85% des soi-disant "confrontations" entre des criminels présumés et des organes répressifs ne sont pas dûment notifiées au Ministère Public, de sorte que ces actes restent impunis. L'étude analyse les procédures effectuées entre le 1er janvier et le 31 juillet 2018, dans lesquelles les euphémismes "abattu", "neutralisé", "déchargé" ou "tombé" sont utilisés dans les procès-verbaux de police. Dans le cadre de ces procédures, 171 personnes ont été tuées, mais leur mort n'a pas été enregistrée comme un homicide, mais comme un cas de "résistance à l'autorité". Selon les rapports de l'ONG Cofavic, entre 2012 et 2018, 9 530 cas d'exécutions extrajudiciaires présumées ont été signalés dans tout le Venezuela. L'organisation a détecté qu'entre 2017 et 2018, les cas de décès lors d'opérations de police ont été de 3 684. 90% des victimes de la répression sont deshommes, 81% ont moins de 25 ans. La grande majorité de ces crimes sont commis dans des secteurs où vivent des personnes pauvres. Cela montre que ce ne sont pas des "actes isolés", mais qu'ils se produisent systématiquement et ont un élément commun et transversal : l'impunité institutionnelle.

D'après les quelques (et discutables) chiffres officiels, fournis à contrecœur au bureau du HCDH (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme), en 2018, 33 % des homicides survenus dans le pays étaient le résultat de l'intervention des forces de sécurité de l'État. 5 287 victimes, appartenant aux classes populaires, sont mortes suite à l'action de la police. En d'autres termes, 15 personnes meurent chaque jour au Venezuela aux mains de la répression. Quatre-vingt-dix-huit pour cent des morts sont des hommes, des jeunes d'une moyenne d'âge de 26 ans, d'origine modeste. Au moins 7 % sont des adolescents et des enfants. Certains des cas de décès d'enfants sont dus à des balles perdues tirées sans discernement par la police. Près de 70 % d'entre eux n'avaient pas de casier judiciaire ou de police, ou ne disposaient d'aucune information. Seuls 9 % ont été demandés par les tribunaux. Plus de la moitié (56 %) seraient impliqués dans des délits mineurs ou des actes de violence (tels que l'outrage à l'autorité). Seuls 6 % des personnes décédées étaient liées à des crimes graves (homicide, enlèvement, port ou trafic d'armes, viol).