Shari Avendaño
Las ruedas de prensa de Tarek William Saab en el Ministerio Público reemplazaron desde el año 2017 los informes de gestión que exige la Constitución. Desde que el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, ocupa el cargo, es común escuchar que ofrece datos en sus breves encuentros con la prensa, donde siempre reitera la eficiencia de su gestión frente a su antecesora, Luisa Ortega Díaz.
Las ruedas de prensa de Tarek William Saab en el Ministerio Público reemplazaron desde el año 2017 los informes de gestión que exige la Constitución. Desde que el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, ocupa el cargo, es común escuchar que ofrece datos en sus breves encuentros con la prensa, donde siempre reitera la eficiencia de su gestión frente a su antecesora, Luisa Ortega Díaz.
El pasado 26 de noviembre, en el día del Ministerio Público, el fiscal designado por la ANC ofreció datos sobre delitos comunes, violencia de género, violaciones de derechos humanos y corrupción. En algunos temas expuso el número de imputaciones y acusaciones, en otros tópicos presentó el número de investigados y detenidos. No facilitó la misma cantidad de cifras por tema.
La Unidad de Verificación de Datos y Factchecking de Efecto Cocuyo trató de corroborar la veracidad de las cifras y hacer comparaciones que permitieran evaluar el desempeño del fiscal. Para esto se elaboró una tabla, pero, al tratar de completar los ítems de los años previos a la llegada de Saab a la institución del Estado, se encontraron varias dificultades.
Los datos se dan “desde que llegamos al Ministerio Público”, no por año. De esta forma, no es posible hacer comparaciones interanuales. Tampoco se tomaron en consideración los mismos delitos que aparecían en los documentos de años anteriores. ¿Por qué es tan relevante que estos números están presentes en la estadística? Porque permite medir la efectividad del debido proceso y el margen de impunidad. Para entender qué sucede con los datos, hay que repasar cómo es un proceso judicial.
Ojo al proceso
El profesor del postgrado en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Edgar López, explicó para el portal Proiuris que luego de concluir una investigación sobre la presunta comisión de un delito, el Ministerio Público debe emitir un acto conclusivo. Este último paso se puede traducir en una acusación, el sobreseimiento del caso o archivo fiscal.
Una acusación implica que la investigación continúa, aunque en mayor profundidad. Este mecanismo se activa al determinarse que existen suficientes elementos para presumir que una persona es responsable de un delito. El sobreseimiento es la conclusión anticipada del proceso, mientras que el archivo fiscal es el procedimiento que sigue luego de que no se ha logrado recabar suficiente evidencia para determinar responsabilidades.
La opacidad no es nueva
El texto de Proiuris cita unos datos que ayudan a dimensionar la importancia de que se faciliten completas estas cifras. Según el portal, en junio de 2019, Saab reveló que el Ministerio Público había dictado 6.709 actos conclusivos en materia de violaciones de derechos humanos, de los cuales se formularon 261 acusaciones. Esto implica que sólo se ha acusado al 3,96% de los presuntos responsables.
Sin los datos completos, no se puede saber cuál es la relación entre “el total y el particular”. Mucho menos determinar cuál es el índice de impunidad en cada caso. Así lo explicó a Cocuyo Chequea el abogado y director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, quien señaló que con este mecanismo la ciudadanía no puede saber si el Ministerio Público está haciendo su trabajo, o no.
“Los informes anteriores tenían 200 y 300 páginas. Lo de ahorita ni siquiera son anuales. Ya ahí pone en evidencia que tienen que unir años para poder tener cifras significativas. El tema de delincuencia organizadas no es tratado, el Arco Minero, delitos ambientales, violencia de la mujer. Entonces al final esto es una mera estrategia publicitaria que quiere hacer ver que el Ministerio Público está haciendo un trabajo que en verdad no está haciendo”, comentó Daniels.
Para el abogado, la opacidad no es nueva. En las gestiones de Luisa Ortega Díaz e Isaías Rodríguez Díaz se escogían algunos delitos por tema con el objetivo de proveer un poco más de información.
Los datos se dan “desde que llegamos al Ministerio Público”, no por año. De esta forma, no es posible hacer comparaciones interanuales. Tampoco se tomaron en consideración los mismos delitos que aparecían en los documentos de años anteriores. ¿Por qué es tan relevante que estos números están presentes en la estadística? Porque permite medir la efectividad del debido proceso y el margen de impunidad. Para entender qué sucede con los datos, hay que repasar cómo es un proceso judicial.
Ojo al proceso
El profesor del postgrado en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Edgar López, explicó para el portal Proiuris que luego de concluir una investigación sobre la presunta comisión de un delito, el Ministerio Público debe emitir un acto conclusivo. Este último paso se puede traducir en una acusación, el sobreseimiento del caso o archivo fiscal.
Una acusación implica que la investigación continúa, aunque en mayor profundidad. Este mecanismo se activa al determinarse que existen suficientes elementos para presumir que una persona es responsable de un delito. El sobreseimiento es la conclusión anticipada del proceso, mientras que el archivo fiscal es el procedimiento que sigue luego de que no se ha logrado recabar suficiente evidencia para determinar responsabilidades.
La opacidad no es nueva
El texto de Proiuris cita unos datos que ayudan a dimensionar la importancia de que se faciliten completas estas cifras. Según el portal, en junio de 2019, Saab reveló que el Ministerio Público había dictado 6.709 actos conclusivos en materia de violaciones de derechos humanos, de los cuales se formularon 261 acusaciones. Esto implica que sólo se ha acusado al 3,96% de los presuntos responsables.
Sin los datos completos, no se puede saber cuál es la relación entre “el total y el particular”. Mucho menos determinar cuál es el índice de impunidad en cada caso. Así lo explicó a Cocuyo Chequea el abogado y director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, quien señaló que con este mecanismo la ciudadanía no puede saber si el Ministerio Público está haciendo su trabajo, o no.
“Los informes anteriores tenían 200 y 300 páginas. Lo de ahorita ni siquiera son anuales. Ya ahí pone en evidencia que tienen que unir años para poder tener cifras significativas. El tema de delincuencia organizadas no es tratado, el Arco Minero, delitos ambientales, violencia de la mujer. Entonces al final esto es una mera estrategia publicitaria que quiere hacer ver que el Ministerio Público está haciendo un trabajo que en verdad no está haciendo”, comentó Daniels.
Para el abogado, la opacidad no es nueva. En las gestiones de Luisa Ortega Díaz e Isaías Rodríguez Díaz se escogían algunos delitos por tema con el objetivo de proveer un poco más de información.
Conceptos y períodos claros
El sociólogo e investigador, José Luis Fernández, señaló que la principal debilidad que tienen las cifras más recientes del Ministerio Público es que no están desagregadas por año y por conceptos explícitos. Lo ideal es que los datos se publiquen de forma sistemática.
“Hubo un reporte en 2018, en el cual se habla de 96 casos de feminicidio, pero era correspondiente a 15 meses. Se da una cifra acumulada. Es muy difícil saber cuántos corresponden a cada año. Pero luego dio una cifra 381 imputaciones y más de 150 acusaciones. El problema allí es nuevamente la opacidad de las cifras. No sabes si son feminicidios u otros tipos de violencia. (…) No son comparables a las que dio Ortega porque no son anualizadas”, detalló el investigador.
A su juicio, pareciera que el fiscal designado por la ANC tiene disposición para dar los datos, solo que su manera de divulgarlos no es la adecuada.
El fiscal y exdirector de Investigaciones del Ministerio Público, Zair Mundaray, explicó que en el Ministerio Público existía un sistema de seguimiento de gestión que permitía detectar actos irregulares. Medía imputaciones, acusaciones, objetos incautados, categorizaba por tipo delictivo y registraba qué fiscal y organismo estaba investigando. Existía la Dirección de Investigación y Disciplina, que se encargaba de hacer seguimiento a los funcionarios para que no dejaran de aportar la data.
No se puede verificar
Este registro permitió que el Ministerio Público pudiera dar el Índice de Homicidios durante algunos años. Fue diseñado por estadísticos, expertos en política criminal y el área de tecnología del organismo. Este ente se desmontó con la llegada del fiscal Saab, en agosto de 2017, al igual que otras áreas clave como la Unidad de Criminalística y Derechos Fundamentales.
“Al haber eliminado ese sistema de seguimiento, la data que de Tarek carece de sustrato técnico. Lo que han hecho es tratar de inflar números para decir que hubo un avance en la gestión, pero no tienes manera de demostrar”, comentó. Mudaray manifestó que le preocupa que se esté perdiendo la data criminal del país, que quedó otra vez en manos del Ejecutivo, como ocurría antes de que se creara el sistema de gestión.
Las cifras que facilitó Saab no son verificables en las condiciones en las que están.
*Sin incluir informes de gestión completos
*Sin precisar los años
*Sin desglose de los tipos delictivos, que permita establecer los conceptos clave que se manejan
*Sin un sistema adecuado de recolección de datos, no hay forma de que los investigadores y ciudadanos sepan qué es lo que está sucediendo detrás de las puertas del Ministerio Público.
[Tomado de https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/cifras-william-saab-inchequeables.]
El sociólogo e investigador, José Luis Fernández, señaló que la principal debilidad que tienen las cifras más recientes del Ministerio Público es que no están desagregadas por año y por conceptos explícitos. Lo ideal es que los datos se publiquen de forma sistemática.
“Hubo un reporte en 2018, en el cual se habla de 96 casos de feminicidio, pero era correspondiente a 15 meses. Se da una cifra acumulada. Es muy difícil saber cuántos corresponden a cada año. Pero luego dio una cifra 381 imputaciones y más de 150 acusaciones. El problema allí es nuevamente la opacidad de las cifras. No sabes si son feminicidios u otros tipos de violencia. (…) No son comparables a las que dio Ortega porque no son anualizadas”, detalló el investigador.
A su juicio, pareciera que el fiscal designado por la ANC tiene disposición para dar los datos, solo que su manera de divulgarlos no es la adecuada.
El fiscal y exdirector de Investigaciones del Ministerio Público, Zair Mundaray, explicó que en el Ministerio Público existía un sistema de seguimiento de gestión que permitía detectar actos irregulares. Medía imputaciones, acusaciones, objetos incautados, categorizaba por tipo delictivo y registraba qué fiscal y organismo estaba investigando. Existía la Dirección de Investigación y Disciplina, que se encargaba de hacer seguimiento a los funcionarios para que no dejaran de aportar la data.
No se puede verificar
Este registro permitió que el Ministerio Público pudiera dar el Índice de Homicidios durante algunos años. Fue diseñado por estadísticos, expertos en política criminal y el área de tecnología del organismo. Este ente se desmontó con la llegada del fiscal Saab, en agosto de 2017, al igual que otras áreas clave como la Unidad de Criminalística y Derechos Fundamentales.
“Al haber eliminado ese sistema de seguimiento, la data que de Tarek carece de sustrato técnico. Lo que han hecho es tratar de inflar números para decir que hubo un avance en la gestión, pero no tienes manera de demostrar”, comentó. Mudaray manifestó que le preocupa que se esté perdiendo la data criminal del país, que quedó otra vez en manos del Ejecutivo, como ocurría antes de que se creara el sistema de gestión.
Las cifras que facilitó Saab no son verificables en las condiciones en las que están.
*Sin incluir informes de gestión completos
*Sin precisar los años
*Sin desglose de los tipos delictivos, que permita establecer los conceptos clave que se manejan
*Sin un sistema adecuado de recolección de datos, no hay forma de que los investigadores y ciudadanos sepan qué es lo que está sucediendo detrás de las puertas del Ministerio Público.
[Tomado de https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/cifras-william-saab-inchequeables.]
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