Reporte sobre víctimas de tortura en Venezuela en el año 2018

PROVEA

* Fragmento extraído del Informe Anual Provea 2018 en referencia a cómo la dictadura chavomadurista practica descarada y sistemáticamente la tortura en contra de sus opositores.

En el período se logró individualizar a 109 víctimas de este subpatrón de violación al derecho a la integridad personal, lo que en comparación con las 101 víctimas registradas durante 2017 representa un leve incremento de apenas 7,92%. Por segundo año consecutivo, ni el MP ni la DdP, ambos órganos dirigidos por funcionarios impuestos de forma inconstitucional por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), publicaron sus Informes Anuales de Gestión. Menos aún información detallada sobre casos de torturas correspondientes a 2018 y procedimientos abiertos contra funcionarios involucrados en estos hechos.

 

El registro correspondiente a 2018 es el segundo más alto desde 2013 y solo es superado por los 185 casos registrados en 2014. En los 109 casos levantados por Provea se identificó a los cuerpos de seguridad responsables por la comisión de estos abusos. La Dgcim encabeza la lista con 75 denuncias que involucran a igual número de víctimas. Le siguen el Sebin con 12 denuncias; el Cicpc con 11 denuncias, la PNB y el Ejercito con 4 cada uno, GNB y Armada con un caso cada uno, y en uno de los casos no se pudo identificar a los responsables.

Del total de víctimas de casos de tortura, Provea identificó que al menos 97 (88,99%) fueron del género masculino, mientras que el promedio etario se situó entre los 27 y los 60 años de edad.

Al menos 13 personas fueron asesinadas presuntamente a consecuencia de torturas mientras se encontraban bajo la custodia de funcionarios policiales y militares. En un caso emblemático que generó profunda conmoción nacional e internacional, un concejal del partido Primero Justicia, Fernando ALBÁN, murió mientras se encontraba bajo custodia policial en la sede del Sebin en Caracas, en circunstancias que hicieron presumir un asesinato debido a torturas.

Pablo Ángel SIVIRA (31) fue encontrado muerto por sus familiares el 22.04.18 cerca del sector El Cohete en Carayaca, estado Vargas [11]. El joven tenía las manos atadas, el rostro quemado y una herida en la ingle. Sus familiares denunciaron que habría sido torturado y asesinado por presuntos funcionarios policiales (sin identificación de su órgano de adscripción) y presuntos vigilantes de la empresa privada Avícola La Providencia. Según los relatos, Sivira fue capturado por policías y empleados cuando, junto a unas 80 personas, se encontraba dentro de las instalaciones de la empresa saqueando los pollos que eran almacenados en galpones. Su cadáver fue encontrado a 20 metros de uno de los galpones.

Yoel NÚÑEZ (38), un indígena Warao, murió luego de ser presuntamente torturado por funcionarios de la GNB en un calabozo de Puerto Ordaz, estado Bolívar [12]. Según denunció el padre de la víctima, funcionarios de la GNB habrían detenido a su hijo junto a otras cinco personas en aguas del río Orinoco, con un cargamento de combustible presuntamente ilegal. Fueron trasladados a prisión preventiva en Ciudad Guayana, de donde la víctima salió tras haber permanecido dos días en un calabozo. Su salida obedeció a un cuadro febril y fue trasladado desde el estado Bolívar hasta Barrancas del Orinoco, en el estado Monagas. Estando allí su salud no mejoró, por lo que fue remitido hasta el complejo hospitalario Dr. Luis Razetti de Tucupita, donde murió el 30.10.18. Según relató su padre, Yoel falleció producto de torturas mientras estaba detenido. Su cadáver habría mostrado signos de una evidente golpiza.

José Alberto ACOSTA GONZÁLEZ (27), un obrero habitante del estado Zulia, fue presuntamente asesinado bajo torturas por funcionarios adscritos al Servicio de Tránsito Terrestre de la PNB [13]. Según las investigaciones que adelantó el Cicpc, el trabajador fue detenido el 14.12.2018 por los agentes de la PNB Erick de Jesús Torres Osorio, Rafael Benito Franco Chinchilla, Eduardo Ramón Machado Andrades y dos oficiales más, para ser interrogado por el delito de robo. Fue trasladado por estos funcionarios en una patrulla hasta el Comando de Tránsito Terrestre del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Comando General Rafael Urdaneta, en la calle 99 del barrio Bolívar, en Maracaibo. Unas horas después de la captura encontraron el cadáver del detenido en una zona del sector El Palotal, al suroeste de Maracaibo, en el estado Zulia.El expediente sobre la detención de Acosta González no llegó a tribunales ni apareció registrado en el libro de novedades del Servicio de Tránsito Terrestre de la PNB. De acuerdo con el informe levantado por el Cicpc, “el oficial Erick Torres, utilizando como método no ortodoxo en su interrogatorio un arma de fuego orgánica desprovista de su cacerina, con la que apuntaba al investigado y en un momento la accionó y le propinó un disparo y cae herido, luego en compañía del resto de los oficiales optaron por trasladarlo a bordo de una unidad policial, clase camioneta, Toyota, Hilux, signada con el número 0887, hacia un paraje solitario donde abandonaron el cuerpo sin vida de la víctima” [14].

Notas

[11] El Nacional, 26.04.18.

[12] Radio Fe y Alegría, 01.11.18.

[13] Diario Contraste, 17.12.18.

[14] Idem.

[El Informe Anual 2018 en versión integral es accesible en https://www.derechos.org.ve/informe-anual/informe-anual-enero-diciembre-2018-2.]