Pérdida de autonomía de los movimientos sociales y exclusión en el socialismo del siglo XXI en Venezuela

Mará P. García Guadilla

Me propongo compartir algunas ideas sobre “la inclusión de los excluidos y la  participación, que son los principales objetivos del Socialismo del Siglo XXI”; con ello, pretendo enriquecer el diagnóstico necesario sobre la coyuntura. Comenzaré señalando que en la medida que el modelo sociopolítico se va volviendo más excluyente y centralista, la pregunta básica a plantear es: ¿cuál es el potencial para incluir a todos los ciudadanos independientemente de su ideología y clase social que tiene el modelo constitucional, económico-político y organizativo actual?

Comenzaré señalando brevemente, que el “Puntofijismo” excluyó a los sectores populares de los pactos fundacionales de la democracia representativa a pesar de su importancia numérica y de sus luchas junto al movimiento ciudadano por la Reforma del Estado y por la “profundización de la democracia”. Después de 1989, los sectores populares rechazaron los programas de ajuste estructural propuestos. A partir de 1990, la resistencia frente al modelo neoliberal llevó a crear espacios organizativos en los barrios populares como las Asambleas de Barrio cuyos miembros, se reconformaron en algunas de las organizaciones posteriormente promovidas por el Presidente Chávez para incorporar a dichos sectores, como fue el caso de los Círculos Bolivarianos

En este contexto, entre 1999 y 2016, pueden identificarse, al menos tres modelos de incorporación de los sectores populares: a) el constituyente, b) el asistencialista-paralelo y el c) de inclusión excluyente y tutelada. Es preciso destacar que los movimientos sociales autónomos han rechazado y vienen resistiendo no solo estos modelos de incorporación, sino el modelo detrás de los mismos como lo es el desarrollismo-neorentista-neoextractivista.

I. Veamos el primer modelo de incorporación, el modelo constituyente a través del cual se intentó legitimar y darle protagonismo constitucional a los actores excluidos, así como también reconocer sus derechos. Si bien el proceso constituyente venía siendo promovido desde abajo por las organizaciones y movimientos sociales, la oportunidad política para implementarlo fue dada por la coyuntura chavista y por el propio presidente Chávez quien convocó tal proceso. Sin embargo, la existencia de este marco constitucional participativo e incluyente, que apoyó y todavía apoyan tanto la oposición como el gobierno y que por tanto, debería ser la base del diálogo y los compromisos entre las partes, no garantiza per se ni la inclusión ni la participación de todos los constituyentes, o del Soberano; es quizás, por esta razón, que en vez de la sociedad incluyente y participativa que plantea la Constitución Bolivariana de 1999, se observa una Inclusión- Excluyente y una participación tutorada en uno casos y cooptada, en otros

Quizás algunas razones se encuentran en el propio texto constitucional donde se definió un Soberano Único o un único sujeto de la democracia participativa y protagónica  en vez de definirse a un Soberano que reflejara la pluralidad de religiones, genero, etnicidad e intereses de clase social. Esto llevó a la creación de dos Sujetos o actores sociopolíticos distintos quienes han intentado asumir la representación y expresión de ese Soberano constitucional: UNO, el chavista quien apoya el proyecto propuesto por el presidente Chávez y el OTRO, la oposición quien lo rechaza. Por otro lado, en la praxis gubernamental y sobre todo después del golpe de Estado de 2002, este Único Soberano fue identificado por el gobierno o el presidente Chávez con los sectores excluidos, principalmente, los sectores populares a los que se identificó con el Pueblo, dejando afuera o excluyendo, a las clases media y altas.

Adicionalmente, estos dos Soberanos, supuestamente “ambos constitucionales” encarnaron dos proyectos sociopolíticos y modelos de democracia antagónicos y por tanto, mutuamente excluyentes: el liberal  basado en la democracia representativa y apoyado por la elite desplazada perteneciente básicamente a la clase media y alta y el radical o comunal  basado en la democracia protagónica que de acuerdo con el presidente Chávez sería el pilar para la transición al socialismo y el estado comunal como punto de llegada. Los dos proyectos son como dos trenes en marcha uno frente a otro.

Si bien la constitución incorporó tanto la democracia representativa como la participativa, no quedó clara su articulación debido a la falta de tiempo de la Asamblea Constituyente ya que la presión de Chávez por terminar el proceso constitucional, dejó muchos cabos sueltos que hasta el día de hoy, son fuente de conflicto y llevaron a diferencias substantivas entre las dos proyecto sociopolíticos que ambas partes intentaron dirimir en la calle mediante movilizaciones. Ello dejó sin pautas a seguir sobre cómo lograr la articulación de estas dos formas de democracia en caso de conflictos y la interrogante acerca de ¿es en la Asamblea Nacional o es en las Comunas donde debe  debatirse y hacer propuestas para enfrentar la crisis?, ¿quién de estos dos Actores tiene la legitimidad?

Otra dificultad se vincula con el proceso de toma de decisiones a la hora de dirimir conflictos que envuelven diferentes tipos derechos constitucionales. El proyecto de democracia representativa hace énfasis en los derechos cívico-políticos mientras que el de democracia participativa enfatiza los derechos socioeconómicos y culturales lo que supone que cuando se enfrentan derechos liberales, como la propiedad privada y los derechos sociales como el derecho a la vivienda por ejemplo, resulta difícil de resolver el conflicto sin supeditar uno a otro. Si bien todos los derechos tienen el mismo rango y por tanto, todos deben ser satisfechos, la forma en que el gobierno viene resolviendo los conflictos que involucran derechos humanos ha sido supeditando los derechos cívico-políticos a los socio-económicos.

II. Un segundo modelo de incorporación es el  asistencialista-paralelo que se ha expresada en una gran diversidad de Misiones Sociales como La Misión Barrio Adentro o La Misión Sucre. Se trata de programas sociales paralelos (en salud, educación,..etc.) que a pesar de haberse definidos como programas “temporales”, han venido para quedarse y están contribuyendo a la desinstitucionalización y debilitando de la instituciones formales del Estado debido al solapamiento de funciones y a la competencia por financiamiento entre ambas. Este modelo vertical no escapa a las prácticas asistencialistas-populistas que estimulan el clientelismo, la cooptación política y sobre todo, la exclusión de los no afines ideológicamente.

III. El Tercer Modo de incorporación es la  inclusión excluyente y tutelado, quizás el más importante después del Constituyente. Lo defino como Tutelado porque se basa en la creación y promoción de organizaciones por parte del presidente Chávez para ejercer la democracia participativa o construir el poder popular. Tal modo de inclusión es también excluyente, porque los objetivos de control político y movilización llevaron a excluir a los no alineados ideológicamente, a la continuidad de las prácticas populistas y cooptadoras y a cercenar la democracia representativa a nivel local e intermedio y las autonomías de los movimientos sociales. Más aun, en algunos casos, estas modalidades de incorporación han comprometido la autonomía frente al Estado a través de la trasferencia de recursos económicos hacia las organizaciones como los consejos comunales o las comunas, o más recientemente, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a los que se les ha asignado para empezar 8.400 millones de bolívares. Además de la exclusión y cooptación, este modo de incorporación se caracteriza por la falta de transparencia y de rendición de cuentas de los recursos asignados y la corrupción.

Una de las paradojas del Poder Popular que constituye supuestamente esta red organizativa y que conforma el sujeto y objeto del proyecto chavista, es que se estaría promoviendo una red organizativa tutelada y cooptada sin capacidad de tomar decisiones más allá de lo micro-local y sin autonomía frente a un Estado que es quien toma unilateralmente las decisiones estratégicas o las políticas a nivel nacional en nombre del Pueblo-Soberano, equivalente, al menos en el discurso, al Poder Popular.

La construcción de la red organizativo de consejos comunales y comunas (organizaciones base del utópico Estado Comunal) ha sido facilitada, como ya se ha señalado, por las trasferencia de cuantiosos recursos económicos que se utilizan, al igual que en las misiones sociales, de forma clientelar y sirven para la cooptación de los no alineados ideológicamente; tampoco existe un sistema transparente de rendición de cuentas. Por tanto, este poder Popular es profundamente excluyente y no tiene la capacidad para incentivar nuevas formas de ciudadanía y la construcción de hegemonía para la transformación social, condiciones necesarias para hacer realidad el Poder Popular visionado en la Constitución. El ejemplo más reciente de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) creados según Decreto No. 6227 (Decreto de Estado de Excepción y de la Emergencia Económica), extraordinario, del 13 de mayo/2016). Los CLAP se vinculan con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y están compuestos por un responsable de UNAMUJER, Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCHs), Frente Francisco de Miranda, y Consejos Comunales. Adicionalmente, pueden contar con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para encargarse del Sistema Popular de Distribución de Alimentos al que el presidente Maduro otorgó, para comenzar, 10.000 millones de bolívares. ¿Qué esperar de estas instancias que se imbrican en organizaciones politizadas como las UBCHs, o en instancias sesgadas ideológicamente a favor del gobierno como el Frente Francisco de Miranda o que se encuentran cooptadas y carecen de falta de transparencia como es el caso de los consejos comunales constituidos bajo la Ley de los Consejos Comunales de 1999 que los declaró socialistas y la cual substituyó a la Ley Orgánica de 2007 que no se pronunció ideológicamente sobre la naturaleza de tales consejos comunales?

En teoría, e incluso, en los discursos gubernamentales, estas organizaciones sociales que llamamos bolivarianas, deberían enriquecer el concepto de ciudadanía y estimular la emergencia de subjetividades sociales asociadas con identidades socio-territoriales basadas en la diversidad cultural, la democratización de la sociedad y nuevas dimensiones como la inclusión en los aspectos materiales y post-materiales, la igualdad dentro de las diferencias y pluralidad cultural, y la participación en los procesos de toma de decisiones. En la práctica, sin embargo, se observan exclusiones por razones ideológicas, no solo de los opositores políticos pertenecientes mayormente a las clases medias y alta, sino también de aquellos sectores populares que no concuerdan ideológicamente con el proyecto chavista.

Los modos de incorporación del Socialismo del Siglo XXI implican la existencia de fuertes tensiones entre los objetivos de hacer realidad los preceptos constitucionales de la  inclusión, la equidad y la participación y la constatación empírica del autoritarismo y la exclusión por razones políticas. También existen tensiones entre los objetivos de autogobierno y autonomía de las organizaciones y los requerimientos de control, apoyo y movilización partidaria que llevan al gobierno a estimular la cooptación política y las prácticas clientelares. En tiempos de crisis económica y de escasez de recursos como los que atravesamos, se acentúa el uso de las vías clientelares para amedrentar a los más necesitados y excluir a todos aquellos no alineados ideológicamente con el Proyecto Revolucionario Bolivariano así sean los sectores populares. Un ejemplo ya señalado son los CLAP los cuales resultan profundamente excluyentes por razones ideológicas las cuales, además, se solapan con la exclusión por clase social.

En consecuencia, los modos de incorporación de los sectores populares han reflejado una inclusión que implica la satisfacción de las necesidades básicas y materiales (y que hoy en día, tampoco puede satisfacerse) pero que no contempla las necesidades post- materiales y que además excluye a aquellos grupos de la población que no sean afines ideológicamente al gobierno, una equidad identificada con la igualdad formal difícil de concretar; decisiones asamblearias que en ocasiones vulneran el principio de la minorías, y una participación que al concentrarse en lo local no permite trascender a niveles superiores.

Hasta aquí sobre los modos de incorporación propuestos por el Socialismo del Siglo XXI para lograr la inclusión y participación. Ahora deseo referirme brevemente a las organizaciones y movimientos sociales que han rechazado estos modo se incorporación verticales y promovidos por el gobierno bajo el argumento de la autonomía. Se trata de aquellos organizaciones y movimientos sociales que para ser incluidos, debieron construir desde abajo la constitución bolivariana y que a pesar de ser parte importante de los actores previamente excluidos, por haberse resistido a estos modos de incorporación y defendido su autonomía frente al estado, incluso si apoyan ideológicamente los objetivos del proyecto chavista, están siendo, de nuevo, excluidos. Excluidos por ser minorías (la democracias asamblearias donde minorías terminan tomando la decisión no las reconocen) y excluidos por ser críticos a las políticas del gobierno como les corresponde dada su definición como movimientos sociales.

Estos movimientos sociales se han pronunciado contra el modelo económico que sustenta el modelo de incorporación o de bienestar social implícito en los planes de desarrollo de la nación como lo es el Plan de la Patria que supuestamente debe orientar el desarrollo económico y social para el periodo 2013-2017. Se trata de un modelo desarrollista-extractivista-rentista, diseñado verticalmente o desde arriba, sin la participación ciudadana, que paradójicamente ha sido definido como la clave para “incluir a los excluidos” a través de la generación de la renta petrolera o rentismo, hoy en crisis. La renta petrolera o el Petróleo Revolucionario Rojo, como lo llama el gobierno, es el principal motor que alimenta las Misiones Sociales y que financia a la diversa y compleja red de las organizaciones sociales bolivarianas.

El modelo extractivista vulnera los derechos ambientales, indígenas y sociales debido a los graves impactos negativos que genera. No obstante, la propuesta frente a la baja de los precios del petróleo y la aguda crisis económica que atraviesa Venezuela, es la acentuación del modelo vía la política de Apertura Minera como lo es el Arco Minero lo que implica el desconocimiento constitucional de los derechos ambientales e indígenas entre otros. Sorprendentemente, el Decreto de Excepción y Emergencia Económica 6227 (clausula 16) señala la necesidad de “ Dictar medidas de protección de zonas boscosas para evitar la deforestación, la tala y la quema que contribuyen a la disminución de las precipitaciones, alteran los ciclos hidrológicos e impactan de forma negativa amenazando los ciclos agroproductivos y cosechas, mermando los niveles de producción  y afectando el acceso del pueblo venezolano a bienes y servicios, cuya vigilancia estará a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

De acuerdo con esta cláusula, la culpa de los problemas ambientales y del fenómeno del  Niño, son la “quema y tala” responsabilizando así, incluso, a las comunidades indígenas PEMON,  por ejemplo, quienes como parte del ciclo de producción del conuco utilizan la “quema controlada” sobre la que no hay argumentos científicos contundentes de si es beneficiosa o no. En contraste, nada se dice de la minería a gran escala como la denominada Apertura del Arco Minero que además de implicar la pérdida de soberanía frente a las trasnacionales chinas, canadienses y de otras nacionalidades de una parte importante del territorio, contamina y destruye la cuenca de nuestros principales ríos y las zonas de mayor biodiversidad que se encuentran protegidas en nuestros parques nacionales y donde, además, se vulneran los derechos constitucionales de las comunidades indígenas como lo son, el derecho a su identidad y a la propiedad de sus tierras ancestrales.

Contradictoriamente con la democracia participativa, los movimientos sociales, quienes fueron los actores de la incorporación constitucional y apoyaron desde sus inicios el proyecto discursivo anti-neoliberal bolivariano, están siendo divididos por las políticas del estado y aquellos que son críticos de tales políticas, están siendo excluidos. Esta exclusión implica, además, su “substitución” en los Foros Mundiales, Cumbres y organismos internacionales (ALBA, UNASUR) por para-movimientos afines al proceso, los cuales son financiados por el gobierno y son su vocería oficial”  mientras que los movimientos autónomas quedan desplazados por falta de recursos para atender estas cumbres (esto paso con las reuniones preparatorias del convenio de cambio climático aquí en Margarita, luego en Perú y finalmente, en Paris donde se firmó el Acuerdo.

Una paradoja a reflexionar es que sea un gobierno quien se autodenomina de  Izquierda, quien tomó prestada su agenda para ascender al poder y quien constitucionalmente reconoció al movimiento social, quien los excluya, “criminalice” sus protestas y cree organizaciones paralelas cuando éstos mantienen una posición crítica y de autonomía para exigir los derechos constitucionales. Para terminar, deseo comentar una medida que en mi opinión, acentuará la criminalización de las ONG y movimientos sociales que son críticos (el movimiento de derechos humanos, por ejemplo). Se trata de la cláusula 18 del citado Decreto 6227, de Estado de Excepción y Emergencia Económica, donde se destaca: “Instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores la auditoria e inspección de convenios firmados por personas naturales o jurídicas nacionales con entidades u organismos extranjeros para la ejecución de proyectos en el país, y ordenar la suspensión de los financiamientos relacionados a dichos convenios cuando se presuma su utilización con fines políticos o de desestabilización de la República (subrayado nuestro) ”Esta medida, semejante al proyecto de Ley de Financiamiento Internacional  que ni el propio presidente Chávez se atrevió a implementar en su momento, atenta contra la esencia misma de los movimientos y organizaciones sociales críticos como lo son las organizaciones de derechos humanos, de mujeres, ambientales e indígenas entre otros al dejarlas sin financiamiento autónomo del gobierno y al criminalizar a aquellas organizaciones que lo reciban.

La interrogante final que deseo dejar planteada es, ¿cómo resolver los conflictos vinculados con la inclusión y la participación si se van cercenando en primer lugar, la vía de la democracia representativa a través de los intentos por deslegitimizar a la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015 donde la oposición política representa la mayoría y en segundo lugar, la vía de la democracia participativa como lo puede ser el Referéndum Revocatorio que está planteando la oposición?. Mientras tanto, se siguen imponiendo, verticalmente, políticas y figuras organizativas que acentuarán aún más la exclusión y los conflictos sociopolíticos.

[Tomado de https://www.academia.edu/26344244/PROFUNDIZANDO_LA_EXCLUSI%C3%93N_EN_EL_SOCIALISMO_DEL_SIGLO_XXI_EN_VENEZUELA_MODELOS_DE_INCLUSION_Y_EFECTOS_DEL_DECRETO_DE_EXCEPCI%C3%93N_Y_EMERGENCIA_ECON%C3%93MICA_Y_DE_LA_CREACI%C3%93N_DE_LOS_COMIT%C3%89S_DE_ABASTECIMIENTO_Y_PRODUCCI%C3%93N_CLAP_.]