Organizaciones de DDHH presentaron el informe “Venezuela 2014: Protestas y derechos humanos”

Prensa Provea

Tras el esfuerzo conjunto de 9 organizaciones, este 10.06.2014 fue presentado el informe “Venezuela 2014: Protestas y derechos humanos”, donde se registran las principales tendencias en las violaciones ocurridas en nuestro país entre los meses de febrero y mayo de 2014.

La sistematización desea dejar constancia sobre el tratamiento no democrático del gobierno al descontento social que se viene reflejando en las calles a través de múltiples formas y, en segundo lugar, dar una visión integral de las violaciones a los derechos humanos para que la sociedad exija investigación y sanción a los responsables.

El informe se divide en siete grandes capítulos: Violaciones al derecho a la manifestación pacífica; Uso excesivo de la fuerza y violaciones a la integridad personal; Detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso; Violaciones a la libertad de expresión y ataques a periodistas; Ataques a civiles en áreas residenciales; y, finalmente, Violaciones al derecho a la vida.

Sobre las vulneraciones al derecho a la manifestación, el informe afirma que las declaraciones de altos funcionarios del Ejecutivo sobre los responsables de las tres primeras víctimas, asesinadas el 12.02.14 en Caracas, violando el debido proceso, escalaron peligrosamente el conflicto.

Durante los meses de febrero y marzo de 2014, se calculó que en 16 estados del país se habían desplegado por lo menos 20 modalidades diferentes de protestas, las cuales contaron con la participación de 800.000 personas.

Según una muestra tomada en 7 estados del país (Distrito Capital, Lara, Táchira, Bolívar, Mérida, Carabobo y Zulia) entre los meses de febrero y abril de 2014, el 93.35% de las manifestaciones fueron de carácter pacífico y el 34,05% fueron reprimidas.

Esta última cifra contrasta con la cifra más alta de las reprimidas por el gobierno del presidente Chávez, 7% para el año 2009. De esta manera, el gobierno de Nicolás Maduro reprime 485% más que su antecesor.

Por otra parte, la Guardia Nacional Bolivariana es el organismo responsable de más protestas reprimidas, siendo los estados Zulia y Lara donde se registraron proporcionalmente las mayores cifras: En esos estados, de cada 2 manifestaciones realizadas, una fue reprimida.

Sobre el uso excesivo de la fuerza y las violaciones a la integridad personal, en los casos registrados ninguno de los funcionarios policiales y militares actuó apegado a criterios de proporcionalidad en el empleo de la fuerza y en atención a la reducción al mínimo de los posibles daños que generaran sus actuaciones.

Entre los meses de febrero y abril de 2014, el informe registró e individualizó un total de 854 heridos y lesionados en el contexto de las protestas. Del total, 138 fueron heridas de bala mientras que 330 fueron heridas causadas por perdigones.

Los registros de las organizaciones reflejan que el número de personas heridas y lesionadas sufrió un incremento de 270% con respecto a los 12 meses de 2013, cuando se registraron 316 víctimas producto de heridas o lesiones en manifestaciones. Asimismo, el número de heridos y lesionados representa la cifra más alta registrada en los últimos 10 años. 333 de los casos registrados tuvieron como responsable a la Guardia Nacional Bolivariana.

Al cierre del informe se habían registrado 157 casos de torturas y malos tratos. Las alegaciones de torturas y malos tratos se produjeron en diversos centros de detención y muchos de los detenidos fueron víctimas de abusos en más de un centro de detención e incluso durante los traslados.

El tipo de maltrato físico más reportado fueron golpes con puños y patadas, estas últimas, frecuentemente, propinadas con bota militar. Se registraron también golpes con las cachas de armas cortas o culatazos con arma larga, en ocasiones, de manera repetida.

El informe detalla casos con nombres y apellidos, como el de Marco Coello, a quien funcionarios del CICPC le envolvieron el cuerpo con goma espuma, para después propinarle golpes con bates y otros objetos contundentes. Asimismo, se reportaron 6 casos de amenazas de abuso sexual contra mujeres detenidas.

Sobre las detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. Entre febrero y mayo de 2014 se contabilizaron 3.127 detenciones arbitrarias a ciudadanos en el contexto de las manifestaciones realizadas en el país. De ellas 2.463 ciudadanos fueron sometidos a regímenes de presentación en tribunales, lo que sumado a los 2.400 casos que ya existían, da un total de 4.863 personas sometidas a regímenes de presentación por haber participado en una manifestación en el país.

En sólo 4 meses de 2014, el número de ciudadanos detenidos en el contexto de manifestaciones pasó a ser la cifra más alta de los últimos 25 años, duplicando el número de detenciones registrada entre los años 1989-1990 durante el segundo mandato del ex Presidente Carlos Andrés Pérez.

Asimismo, el Informe destaca que entre 1989 y 2013, 10.400 personas fueron detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado durante la organización o el desarrollo de manifestaciones. En 4 meses, la cifra de detenciones representa el 30% del total de detenciones a manifestantes realizadas en 24 años de protestas.

Detenciones indiscriminadas y selectivas son dos de los patrones registrados para las privaciones arbitrarias de libertad. El informe también da cuenta de detenciones realizadas por civiles, el forjamiento de pruebas incriminatorias y el robo de sus pertenencias a personas privadas de libertad.

Acerca de las violaciones a la libertad de expresión y los ataques a periodistas, durante el primer cuatrimestre del año 2014 se registraron 174 casos que abarcaron 325 violaciones a la libertad de expresión.

Esta última cifra representa un aumento de 240% respecto al mismo período del 2013. Las denuncias recibidas incluyen 37 detenciones, 67 agresiones, 31 robos o hurtos, un herido de bala y una persona fallecida: el ingeniero José Alejandro Márquez quien fue golpeado por efectivos de la Guardia Nacional la noche del 19.02.14, luego de grabar las manifestaciones escenificadas en La Candelaria, Caracas.

En el contexto de las manifestaciones de febrero a mayo, la criminalización, represión y violación de DDHH tomó una nueva dimensión: ataques generalizados y sistemáticos a zonas residenciales por ejercer el derecho a la manifestación. Los ataques ocurrieron en 14 estados del país y fueron documentados en el informe para 4 estados (Bolívar, Zulia, Táchira y Lara), encontrándose un total de 204 ataques en 105 residencias o áreas habitadas.

En el 81% de estos ataques participó la GNB, en 17% actuaron las Policías Estatales, en 12% el Ejército, y en 8% la Policía Nacional Bolivariana. Asimismo, en el 26% también actuaron grupos de agresores civiles que, en un 61%, actuaron en coordinación y bajo el amparo de los funcionarios militares y policiales.

En Bolívar, la actuación conjunta fue de 100% y en Lara de 86%, estados donde tuvieron mayor presencia.

Además, en 36% de los ataques se produjeron daños a bienes privados y en 34% allanamientos ilegales con el objetivo de capturar a supuestos manifestantes.

Sobre las violaciones al derecho a la vida, el informe identifica 41 víctimas, 27 de las cuales resultaron asesinadas por armas de fuego. Queda la responsabilidad a la administración de justicia investigar y determinar cuáles de las personas asesinadas murieron como consecuencia de disparos realizados por integrantes de cuerpos armados del Estado y  cuáles por actuación de particulares que dispararon contra los manifestantes o contra los organismos policiales y militares.

Ningún caso debe quedar impune. El Ministerio Público debe investigar las otras 14 muertes que se produjeron en diversas circunstancias y establecer responsabilidades donde haya lugar y aclarar al país aquellas donde la causa fue accidental.

Las organizaciones reivindican el derecho a la manifestación pacífica, rechazan la criminalización de la protesta y condenan la violencia, tanto la perpetrada por el Estado mediante un uso excesivo de la fuerza como la practicada por particulares.

Exigen investigación de todas las violaciones a los derechos humanos y sanción a los responsables, así como de los delitos cometidos por particulares que dejaron innumerables víctimas muertas o heridas y daños a la propiedad. Condenan los ataques perpetrados contra comunicadores sociales y rechazan las diversas formas de violaciones  a la libertad de expresión que se produjeron.

Finalmente exigen del Estado venezolano, principalmente del Ejecutivo Nacional, que canalice de manera democrática la protesta social, respete el derecho a exigir derechos, el derecho a disentir y las normas constitucionales que garantizan el derecho a la reunión y a la manifestación.

Las organizaciones que realizaron el informe “Venezuela 2014: Protestas y derechos humanos” fueron: Civilis Derechos Humanos, Espacio Público, Foro Penal Venezolano, Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ) del estado Lara, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), La Comisión Inter-Institucional de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, la Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Zulia. (Prensa Provea, 10.06.2014)