Vzla: La "revolución" patriota

Por: Inti Rodríguez

El pasado viernes 19 de abril, Yendrick Sánchez, un joven conocido por sus insistentes y sorpresivas apariciones en espectáculos de diversa índole, consecuente con su público, sorprendió, hasta el susto, a Nicolás Maduro en su acto de juramentación como presidente de la República.

Luego de fustigar a los responsables de su seguridad, Maduro prometió conversar con quien calificó de compañero, expresando que a pesar de las necesidades que pudiera tener aquel muchacho, la majestad del acto que se celebraba estaba por encima de cualquier otra consideración. Pese a la promesa inicial, la conversación se convirtió en una imputación al joven Sánchez, por los delitos contemplados en el artículo 148 del Código Penal Venezolano y en el artículo 29, numeral 7 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), también conocida como Ley Antiterrorista.

Seguridad y defensa de la nación. Todos somos terroristas.

La LODOFAT junto a la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, son la expresión más acabada del andamiaje jurídico represivo, que construyó el chavismo a lo largo de los últimos 14 años. Orientadas a la preservación de los grandes intereses del capital financiero internacional y las transnacionales, garantizando la estabilidad y la consolidación de los mecanismos de dominación existentes, ambas leyes surgen como instrumentos de contención frente a la creciente conflictividad social.

La llegada de Chávez al poder en diciembre de 1998, fue, en primera instancia, una consecuencia directa del prolongado deterioro del modelo político bipartidista creado a partir del pacto de punto fijo, de las condiciones revolucionarias existentes en Venezuela luego de las jornadas vividas en febrero del 89 y del indetenible ascenso de la protesta y la conflictividad política durante toda la década del 90. Con el apoyo de importantes sectores del capital nacional y del capital financiero internacional (BBVA, Merryl Lynch, etc), la candidatura de Chávez en 1998, se convirtió en la principal ficha de recambio del capitalismo en Venezuela. Chávez repotabilizó los mecanismos de dominación imperantes, al tiempo de cifrar esperanzas de cambio en numerosos sectores de la población venezolana. Chávez se constituyó en un verdadero dique a las posibilidades reales de cambio en el país, frenó las luchas, cooptó a las fuerzas revolucionarias y domesticó sus potencialidades poniéndolas al servicio del poder, bajo el auspicio del capital transnacional.

En diciembre de 2002, en el marco de un período de intensa conflictividad política, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Sus pilares fundamentales están contenidos en los Títulos IV y V, que contemplan la clasificación de las llamadas Zonas de Seguridad y las Sanciones y Penas, ante la violación de los preceptos señalados en dicho instrumento legal. El leitmotiv para su aprobación, fue la defensa integral de la nación, ante las amenazas imperiales, que a juicio del gobierno, encontraron su pico más alto durante la realización del paro petrolero de 2002, y en las recurrentes movilizaciones de sectores de la oposición venezolana, en sitios considerados estratégicos por el ejecutivo nacional.

Sin embargo, han sido los trabajadores venezolanos las principales víctimas de la criminalización y la judicialización de sus luchas, que bajo el mandato de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, ha emprendido el Estado venezolano.

Rubén González permaneció 17 meses en la cárcel, y actualmente está sometido a juicio luego que la sentencia que lo condenó a 7 años de prisión, fue anulada debido a las contundentes acciones de rechazo del movimiento sindical a nivel nacional. Entre los delitos que se le imputan, está la violación del artículo 48 de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, cuya pena aplicable está contenida en el artículo 56 de la misma ley: “Cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social del país, será penado con prisión de cinco (5) a diez (10) años”.

El mismo principio fue aplicado contra 5 trabajadores de la construcción en el Estado Táchira, quienes fueron sometidos a la justicia militar, luego de realizar una protesta a las puertas del Fuerte Murachí, exigiendo el pago de sus pasivos laborales a la empresa Xacobeo, C.A. Actualmente, más de 1200 trabajadores y dirigentes sindicales en todo el país se encuentran sometidos a procesos penales, mediante la aplicación de las normas previstas en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

Curiosamente, una revolución que se autoproclama socialista, hizo casi una copia al calco de la infame “Ley de Seguridad Interior del Estado” chilena, aprobada en 1958 durante la presidencia del militar Carlos Ibáñez del Campo, y aplicada con ferocidad por la dictadura de Augusto Pinochet. El artículo 56 de nuestra ley bolivariana de seguridad, es prácticamente idéntico al artículo 11 de la ley chilena, que ha sido revivida por el gobierno de Sebastián Piñera, para criminalizar las acciones del pueblo Mapuche y las jornadas de protesta protagonizadas por los pobladores de la región de Aysén en Chile, “Toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública; o en las actividades de la producción, del transporte o del comercio producidos sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales, constituye delito y será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimo a medio” Art. 11 Ley de Seguridad Interior del Estado (Chile).

Por su parte, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), de más reciente data, es la versión endógena de la USA Patriot Act o Ley Patriota Norteamericana y está dirigida a la criminalización de la protesta y la proscripción de las formas de lucha que históricamente ha adoptado el movimiento popular. La LODOFAT establece penas para las personas naturales y jurídicas, que sean calificadas como terroristas o cooperantes con el terrorismo. La Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, organismo creado con este instrumento jurídico, diseñará –discrecionalmente- las políticas de estado en materia de control a las actividades catalogadas como terroristas, que deberán ser ejecutadas por los entes de control señalados en la misma ley.

Recientemente, bajo el argumento del sabotaje eléctrico, se ha iniciado un proceso de persecución y criminalización contra los trabajadores de la estatal CORPOELEC (corporación matriz de la industria eléctrica venezolana), y desde el gobierno nacional se pretende descargar en hombros de obreros y empleados de la industria, todo el peso de la destrucción de la red eléctrica nacional, ocasionado por los altos niveles de corrupción y la falta de inversión en mantenimiento y expansión de la capacidad operativa y generadora de la red. El presidente Nicolás Maduro, anunció la militarización de CORPOELEC, y puso al frente del Ministerio de Energía Eléctrica a Jesse Chacón, un militar retirado que durante la presidencia de Chávez, había salido del gobierno ante las acusaciones de corrupción que involucraban a su hermano Arné Chacón. El sabotaje eléctrico, no solo intenta ocultar la ineficiencia del gobierno en el manejo de la industria, sino que anuncia una ofensiva contra sus trabajadores y su dirigencia sindical.

La desarticulación y desmovilización de los sectores en lucha, son los objetivos principales de la LODOFAT, que define al terrorismo como: “…aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional”. Así, desde la mentira oficial, los trabajadores eléctricos, acusados de infiltrados y saboteadores, entrarían en la lógica de la Ley Antiterrorista y podrían estar sometidos, al igual que Yendrick Sánchez, a juicios sumarios y a las circunstancias agravantes que contempla la LODOFAT. La misma ofensiva criminalizadora amenaza la estabilidad y la libertad sindical de cientos de trabajadores de las Industrias Básicas y de Petróleos de Venezuela.

La gendarmería del capital

En 14 años de revolución bolivariana, Venezuela ratificó y consolidó el papel que le ha sido asignado en la división internacional del trabajo, como confiable suministrador de recursos energéticos a los grandes centros del capitalismo mundial. La política energética del régimen chavista se ha sustentado en la tesis ricardiana de las ventajas comparativas, profundizando el modelo rentista, generando con ello una total dependencia de los ingresos por concepto de la explotación petrolera, la destrucción del aparato productivo y la erogación de cuantiosos recursos debido a la importación de casi el 80% del consumo nacional.

Ahora, luego de la muerte del Presidente Chávez, el panorama luce totalmente distinto, tanto para las fuerzas que componen al chavismo, como para las fuerzas que se oponen a su práctica antiobrera, entreguista y autoritaria.

A la luz de los resultados electorales del pasado 14 de abril se plantean dos elementos centrales: por un lado, el retroceso en términos cuantitativos de la perversa maquinaria electoral chavista –una caída de aproximadamente 1.5 millones de votos, con respecto a la elección del 7-O-, supone una lucha por la gobernabilidad y la supervivencia del régimen. El estrecho margen con que se proclamó a Nicolás Maduro, es expresión directa del agotamiento del modelo chavista y del creciente descontento ante las demandas insatisfechas.

Por otro lado, la debilidad del liderazgo actual encarnado en los llamados apóstoles de Chávez, la ausencia de una línea política coherente y un discurso sagaz que permita repotabilizar y reflotar al chavismo, la pugnacidad y las contradicciones existentes en su seno, comprometen aún más la sostenibilidad de un modelo político, basado en la represión y en el autoritarismo, pero fundamentalmente en el chantaje, la cooptación y la manipulación del movimiento social.

Chávez agregó peso a su figura política, gracias a su carisma y a su indiscutible capacidad para mantener en permanente expectativa a grandes masas de venezolanos. Eran constantes las “críticas y autocríticas” a su propia gestión de gobierno, el infaltable “regaño” a sus Ministros ante el incumplimiento de sus órdenes, y el permanente reciclaje de las promesas de cambio y rectificación ante la ineficiencia, la corrupción y el despilfarro de su gestión. Esa capacidad, es precisamente la principal carencia del liderazgo que hoy conduce los destinos del chavismo sin Chávez.

Entonces, ante el agotamiento del modelo chavista y el deterioro de las condiciones que permitieron la gobernabilidad durante los últimos 14 años; ante la ausencia del liderazgo mesiánico que encarnó Chávez y su efecto opiáceo sobre gran parte de los venezolanos; ante la creciente crisis económica y las demandas insatisfechas, ¿qué pueden esperar los trabajadores y los movimientos sociales?.

Sin duda desde el gobierno se iniciará una escalada aún mayor de represión y criminalización contra el movimiento popular, ante el continuo ascenso de la protesta y la movilización. La aprobación de la Ley Antiterrorista venezolana no es más que la imposición de la receta del Fondo Monetario Internacional para preservar los intereses de la banca internacional y del capital transnacional, frente a la crisis que ya se asoma. La revolución patriota, en nombre de los intereses supremos de la patria, perfeccionó los mecanismos de dominación del capitalismo en Venezuela, y reafirmó su condición de enemigo de los trabajadores y del movimiento popular.

Frente a ello, el acelerado proceso de erosión de las bases de apoyo al modelo chavista, el lento pero progresivo rescate de las instancias organizativas autónomas del movimiento popular y de su capacidad para articular las luchas y trazar un programa real de cambio, marcaran un período de altísima conflictividad y de necesaria organización. En palabras de Lenin asistiremos a “… una intensificación considerable (…) de la actividad de las masas, que en tiempos de “paz” se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas, tanto por toda la situación de crisis, como por los mismos “de arriba”, a una acción histórica independiente…”.

Te invitamos a suscribir el comunicado de las organizaciones sociales y populares, en rechazo a la aplicación de la Ley Antiterrorista