
Francisco J. Velasco
El pasado lunes 10 de junio de 2019 el ecologista José Luis Álvarez Flores fue hallado muerto a balazos en el municipio de Palenque, en el estado de Chiapas y límite con Emiliano Zapata, en Tabasco, México. En el lugar donde fue encontrado el cadáver de Álvarez fueron dejados unos mensajes escritos en las que se amenazaba a familiares, así como a otros activistas ambientales. Álvarez Flores, quien infructuosamente había pedido protección a las autoridades mexicanas por haber recibido varias amenazas de muerte, se había destacado en la lucha por la defensa y protección del mono aullador conocido localmente como saraguato, para lo cual había establecido en el estado de Tabasco un área protegida de 345 hectáreas en la que, entre otras numerosas especies, también conviven diversas variedades de aves y reptiles. Su lucha también incluyó más recientemente la oposición a la extracción ilegal de arena y piedras en el río Usumacinta. Cabe destacar que en los últimos decenios se han reportado los asesinatos de 125 ecologistas en territorio mexicano. Como lo demuestran numerosos reportes provenientes de distintas partes del mundo, la matanza de ecologistas no es exclusiva de México. En la medida en que la caza furtiva, la minería, el agronegocio, las grandes explotaciones madereras, pesqueras, petroleras y gasíferas avanzan por doquier con su secuela de deforestación, desertización, contaminación, cambio climático y destrucción de hábitats, diferentes grupos de activistas incrementan sus denuncias y presiones a gobiernos y corporaciones. En este marco las respuestas por las que optan los organismos estatales y las empresas suelen abarcar un espectro que va desde legislaciones y medidas que restringen o prohíben el activismo ambiental hasta penalizaciones, persecuciones, violaciones y muertes a manos de efectivos militares, organismos de seguridad, grupos paramilitares y organizaciones delincuenciales. Además de ecologistas y activistas por los derechos territoriales, las víctimas de esta mortífera escalada incluyen comunicadores sociales que reportan estos asuntos y quienes por lo tanto se convierten en objetivos militares.