Gran Misión Vivienda: cocinando fraudes para el "delivery" y el "self-service"

I.- Megaguiso en vivienda

Leonardo Montes

A finales de septiembre del año 2013, el gobierno de Nicolás Maduro decidió por decreto agilizar la construcción de 46 proyectos de vivienda en todo el país, en el marco de lo que se llamó el "plan remate", que intentaba construir (cosa que no se pudo finalmente) la meta de 360.000 viviendas para el año pasado. Cualquier que desee revisar este decreto, disponible en bit.ly/1vhi0p7, puede leer que existe una empresa llamada "Inmobiliaria Nacional SA", "encargada de llevar a cabo toda la actividad inmobiliaria nacional a realizarse por el ministerio de vivienda". En una Gaceta Oficial anterior, la 39799 disponible en bit.ly/1oYWdOI , se crea la empresa la cual tendrá como objeto “la adquisición, enajenación, arrendamiento, comodato y adjudicación de viviendas en proyecto de ejecución o terminados, así como la adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios y proyectos de desarrollo en vivienda y hábitat; celebrar los convenios y contratos que fueren necesarios con el sector público o privado con la finalidad de satisfacer las necesidades de vivienda y hábitat de la población”. A pesar de la importancia de esta empresa “del Estado”, su funcionamiento es un absoluto misterio. Las referencias en Google son mínimas para un emprendimiento de tal envergadura. La propia Memoria y Cuenta 2013 del Ministerio de Vivienda ni siquiera la nombra. Mucho menos sus logros en política de vivienda.

En la Gaceta disponible en bit.ly/1iUv0Y6 se encuentra su acta constitutiva estatutaria. Allí se establece que sus directores son Ricardo Molina (ministro de vivienda), Mario Isea (actual embajador de Venezuela en España), Victor Aular (director ejecutivo de finanzas de Pdvsa), Rigel Marcos Sergent (de la “Red de Inquilinos de Venezuela”), Armando Giraurd (consultor jurídico de Pdvsa), Carmelo Urdaneta (en el 2011 director suplente de la Electricidad de Caracas), Hermias Ferrer Montero (en 2009 comisario suplente de Enelbar). Las clausulas no establecen el tiempo en que la junta directiva debe renovarse, sólo se dice que es de libre remoción por quien ejerza de ministro de vivienda. Esto puede explicar, por ejemplo, porque Molina ha durado tanto tiempo como ministro en una institución que hasta su llegada se caracterizó por la constante renovación de sus rectores.

Inmobiliaria Nacional SA otorga, sin licitación y a dedo, todos los contratos que salen del ministerio, en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es tanta la posibilidad de hacer dinero rápido en esta área, que el propio Informe de Gestión 2013 de la Contraloría General de la República advirtió “que por la entrega de los kits –uruguayos de vivienda- incompletos hubo un sobreprecio de Bs. 173.374.785,83”, en un contrato suscrito, a dedo, en el año 2006 y que apenas ha concluido el 18% de su meta. Nadie ha sido sancionado, y lo más probable es que ningún funcionario lo será, por el desfalco. Ahora, imagínense ustedes el mar de posibilidades en manos de “Inmobiliaria Nacional SA”.

II.- Fragmentos de la sección “Derecho a una vivienda adecuada” del Informe Anual 2013

Provea

«Persiste la dificultad de acceso a la información pública en materia habitacional y la negativa institucional de establecer diálogos sobre políticas de vivienda con sectores ajenos al llamado movimiento bolivariano. La ausencia de información confiable convierte en inauditable, por parte de la Contraloría Social, la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Por otra parte, las pocas informaciones oficiales emanadas de las instituciones continúan evidenciando inconsistencias y contradicciones.» Página 283

«Según divulgó el Informe de Gestión 2013 de la Contraloría General de la República, en fecha 14.03.2006 se suscribió un contrato con una empresa de la República Oriental del Uruguay para la construcción de viviendas con kits, el cual fue objeto de 3 adenda, en los que se acordó su reducción de 12.000 a 8.110, y estableciendo como fecha de culminación del contrato el 31.12.2011. No obstante, se mantuvo el monto inicial pautado por US$ 155.467.000 (Bs. 334.254.050) a una tasa de cambio de 2,15 por US$, y por ende se incrementó el costo promedio de la vivienda de Bs. 27.854,50 a Bs. 41.215,05. Para mayo de 2011, la empresa había entregado solo 2.150 kits completos y 5.030 kits incompletos de los 8.110 pactados. Para el 02.04.2012 solo habían sido terminadas 1.473 viviendas. La Contraloría estableció que por la entrega de los kits incompletos hubo un sobreprecio de Bs. 173.374.785,83. En inspección sobre una muestra de 920 viviendas en las zonas previstas para su construcción, se determinó que 119 se encontraban en proceso de ejecución, y existían solo 184 losas construidas para instalar los kits adquiridos. Además, se constató la presencia de material dañado, deteriorado e inservible; instalación de componentes de los kits no acorde a lo indicado en el manual de instalación de los mismos; y ubicación de viviendas en zonas que no cuentan con servicios públicos básicos.» Pp. 285-286

«Una consecuencia de la escasa contraloría gubernamental en los convenios son las denuncias sobre el incumplimiento de la normativa laboral para los trabajadores que han sido traídos de otros países para la realización de las obras. Dirigentes del sector construcción estimaron en 13.700 los ciudadanos de nacionalidad china que laboran en la GMVV, los cuales no se regirían por la normativa laboral venezolana, trabajando hasta 14 horas diarias y sin percibir diversos beneficios.» P. 288

«En ninguno de los urbanismos visitados por PROVEA durante su investigación en Caracas se realizó la entrega de los títulos de propiedad. De acuerdo a la información recopilada, si bien los beneficiarios firmaron un documento al momento en que les otorgaron la llave del apartamento, no les entregaron un documento que avalara la adjudicación a cada ocupante, situación que genera preocupación en los entrevistados, puesto que para ellos no existe ningún documento legal que pueda protegerlos antes cualquier amenaza u hostigamiento que promueva su desalojo. Durante el monitoreo hemerográfico se constató que la solicitud de títulos es una demanda reiterada entre los beneficiarios de políticas públicas en vivienda.» P. 290

«PROVEA monitoreó durante el período diferentes denuncias sobre mala calidad de construcción en urbanismos entregados por el Ejecutivo Nacional. El caso emblemático lo constituyó el urbanismo El Morro en Petare, Caracas, el cual las autoridades del Minvih ordenaron el desalojo del edificio dos de la terraza 11 debido a que la estructura estaba afectada por el hundimiento del terreno. Las personas beneficiarias habían recibido las llaves de los apartamentos un año y cuatro meses atrás47. El ministro Ricardo Molina visitó la zona para realizar una asamblea con la comunidad. Según la crónica de prensa, el ministro fue tajante al manifestar que, según los estudios y los avances de los trabajos que adelanta el ministerio en la zona, los edificios no se encuentran en peligro: “Yo estoy seguro que aquí no se va a caer nada”. El funcionario prometió que para diciembre estarían culminados los trabajos de drenaje y reparación de los apartamentos afectados48. El 06.09.2013 se ordenó un nuevo desalojo en el edificio, tras el desplome de una pared en la planta baja. El 16.10.2013 se ordenó la demolición del edificio 6, ubicado en la terraza 10, debido a los problemas de hundimiento del terreno. Luego de evacuar la torre 2, Misión Hábitat pidió a los residentes de los tres edificios restantes desalojar también, pero la mayoría se opuso y aún se mantienen en el urbanismo que poseía 7 terrazas construidas sobre terrenos inestables. En 6 complejos habitacionales de la GMVV se habrían denunciado problemas estructurales.» P. 297

[El Informe Anual 2013 de Provea está disponible en www.derechos.org.ve.]